Ramón Tomedes, presidente de la organización Medewadi, afirma que lejos de dar respuestas a los reclamos por la afectación de la minería ilegal los castrenses se han ensañado con las comunidades.
Las recientes denuncias publicadas en Correo del Caroní en las que los indígenas, ecologistas y especialistas alertan sobre el impacto de la minería ilegal en el Caura, lejos de generar respuestas positivas, han propiciado la toma de represalias en contra de los ye’kuana y sanema de la zona, ubicada en el municipio Sucre.
Ramón Tomedes, presidente de la organización indígena Medewadi, lamenta que las respuestas sigan ausentes y que el conflicto con los mineros crezca a la sombra de algunos funcionarios militares, aparentemente vinculados al negocio de la ilegalidad aurífera.
“Aquí no se ha hecho nada, solo tomar represalias. La minería avanza, la cosa en el puesto de Jabillal (próximo a Maripa) es peor y no hay apoyo”, comenta el vocero.
Pese a esto no todo está perdido. Los indígenas no pierden la esperanza de que alguien los escuche y puedan hacer algo para poner coto a la destrucción ambiental y sociocultural que están sufriendo.
“Estamos documentando todo, todo. Un ex diputado indígena de la Asamblea Nacional nos dijo que nos va a ayudar. Queremos que lo que pasa se sepa y se actúe, no más represalias, respuestas es lo que necesitamos”.
Riesgo sanitario
Sobre las declaraciones del sacerdote René Bros, quien durante más de 40 años estuvo en el Alto y Bajo Caura, y en las cuales mostraba su preocupación por la vulnerabilidad de este grupo social ante las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otros virus, Tomedes señala que muchos hermanos se mueren sin saber qué ataca su salud.
“Las mujeres y los niños son los más afectados. A veces se mueren sin saber por qué, hay un virus que da fiebre pero no de paludismo. La persona enflaquece y se muere. No sabemos qué es, y no hay datos. Hay quienes intentan buscar ayuda, pero hay quienes se quedan en su comunidad y allí mueren”, advierte.
Al mismo tiempo detalla que no hay ningún tipo de control entre los indígenas y la población minera, y por eso son vulnerables a las ETS. “Así como hay ovejas buenas, hay ovejas malas, y no podemos ejercer el control que quisiéramos para evitar estas cosas. No sabemos quién entra, no sabemos quién sale”, agregó.
Soluciones ausentes
Ramón Tomedes fue enfático en afirmar que el objetivo de sus denuncias es hallar una salida a lo que ocurre con las poblaciones aborígenes, y frenar a la minería ilegal que está siendo ejercida en zonas prohibidas, hábitat ancestral de estas etnias valiosas.
“Pasan muchas cosas en la selva, pero quién diagnostica. No hay respuestas. La minería trae un problema social preocupante, alarmante. Por ejemplo para los sanema significa explotación, porque los mineros ponen a las mujeres casi obligadas a ser sus caleteras. Pero eso se nos escapa de las manos”, se reprocha.
Sobre la minería, sostiene que esta sigue en auge hacia el río Yuruani, en el Alto Caura. Los mineros ingresan por Maripa (municipio Sucre) y por La Paragua (municipio Angostura). Los equipos usualmente son introducidos a los bosques por esta ruta, ya que carece de controles.
Mientras esto ocurre, los funcionarios castrenses que sí están en los puestos de control en Maripa y Alto Caura, arrecian sus pesquisas en contra de los indígenas y dejan pasar a los mineros, después del cobro de una supuesta vacuna, lo que es considerado como una agresión para las etnias. (Natalie García, Correo del Caroní, 06.11.12)
