El capitán de la comunidad Kurum Eupay, Norberto Pinto, fue apresado el sábado por funcionarios castrenses en el municipio Angostura.
Funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al capitán Norberto Pinto, de la comunidad Kurum Eupay, por su participación en el desarme y captura de 19 militares el 28 de octubre. Hace tres días, los castrenses arrestaron a la máxima autoridad del pueblo Musuk Pa, Alexis Romero, por los mismos hechos, quien desconoce además por qué tribunales militares podrían llevar los dos casos.
El diputado de la Asamblea Nacional Américo De Grazia, denunció que estas detenciones son un intento de intimidar a los nativos e incumple la palabra del Gobierno de no tomar represalias administrativas ni judiciales contra los indígenas, según el acuerdo alcanzado en octubre tras la liberación de los 19 militares. Indicó el parlamentario que llevará ambos casos ante la Asamblea Nacional.
Alexis Romero informó que su caso puede ser manejado por un tribunal militar y no civil. Foto Antonio García Jr.
Castrenses arrestaron ayer en el pueblo de La Paragua, municipio Angostura, al capitán de la comunidad Kurum Eupay, Norberto Rincón. Este sería el segundo vocero indígena detenido esta semana. Alexis Romero, capitán de Musuk Pa, fue apresado el viernes por efectivos de la GNB y trasladado a la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, donde permanecerá por alrededor de 40 días, según lo informado por el mismo representante aborigen.
Rincón está recluido en un despacho de la Guardia Nacional en Guri, por su participación en el desarme de 19 militares el pasado 28 de octubre en La Paragua. Efectivos habían desalojado meses antes a los indígenas de una mina ubicada en el sector El Casabe, por explotación ilegal de tierras; ese día los nativos encontraron a los militares ejerciendo la minería, situación que originó los hechos.
Ambos están siendo imputados por los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque a centinelas.
También existen órdenes de arresto contra otros tres capitanes: Alberto Moreno, de Santa Teresa; Obel Yépez, de la comunidad indígena Dechel y Ramón Elías Mujica de la sociedad Kurun Kin.
Romero denunció irregularidades en el procedimiento de detención. Reveló el sábado a Correo del Caroní que su caso sería atendido por un tribunal militar, cuando debería manejarlo el Ministerio Público, sin embargo la información no ha sido corroborada.
“No se están realizando las investigaciones necesarias. Están actuando sin investigar, los atropellos no fueron por parte de los indígenas sino por los militares que no cumplieron con lo establecido y estaban explotando el mineral de la zona minera”, dijo Romero.
Acuerdos incumplidos
El 30 de octubre de 2011, el jefe del Comando Estratégico Regional, Henry Rangel Silva, junto a la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, negociaron la liberación de los funcionarios. Pese a las denuncias de un supuesto enfrentamiento, negó cualquier conflicto entre militares y nativos.
En ese entonces catalogó de “situación extraordinaria” los sucesos ocurridos, y acusó a grupos opositores de provocar los hechos.
Ese día se anunció la inscripción de los indígenas en el Gran Polo Patriótico (GGP).
Sin soluciones
Todo inició con la Reconvención Minera, en 2006. Los planes propuestos por el Estado para evitar la minería artesanal a favor de la conservación ambiental, llevó al gobierno a ofrecer proyectos socioproductivos ajenos a la explotación aurífera. Ninguno se concretó.
En abril de 2010 se promulgó el Plan Caura para implementar control de la minería ilegal. El mismo tampoco logró cubrir las expectativas de los nativos.
En agosto del año pasado el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, firmó una ley que nacionaliza el oro y que “reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a ésta”, informó Chávez en ese momento.
Indígenas consideraron que la ley violaba los acuerdos de demarcación de tierras, y que pretendía controlar la labor de explotación artesanal a favor de las grandes trasnacionales. Dándole poder a las autoridades a controlar las tierras.
Masacre en La Paragua
Siete personas muertas, según datos oficiales, y otras tantas heridas dejó un ataque entre grupos armados en este sector ubicado en el municipio Angostura. Pobladores denuncian que los militares están involucrados en el enfrentamiento.
A LA ASAMBLEA NACIONAL
Ramsés Ulises Siverio
Las irregularidades en el Alto Paragua pican y se extienden. A la detención de dos capitanes pemones del Alto Paragua, Alexis Romero y Norberto Pinto, se le suman dos nuevos agravantes, según informó el diputado de la Asamblea Nacional Américo De Grazia.
“Nosotros queremos denunciar, en primer lugar, que la detención de estos dirigentes indígenas no solamente es violatorio a los derechos humanos, al derecho de la defensa, sino que se les está violando su derecho de ser juzgado por los tribunales regulares. Ellos no son militares para ser juzgados por tribunales militares”, argumentó el parlamentario.
El segundo agravante de la situación es que, según De Grazia, se ha desatado una especulación contra todos los dirigentes indígenas del Alto Paragua, con la finalidad de detenerlos y juzgarlos bajo el mismo tribunal.
De Grazia anunció que llevará el caso ante la Asamblea Nacional para exigir la liberación inmediata de los líderes indígenas, a quienes considera “los nuevos presos políticos de Guayana”. (Con información prensa La Causa R)
