En la tierra de los wayúu los militares llamados a crear una “frontera de paz” figuran en las denuncias de asesinatos, torturas, detenciones irregulares y desapariciones forzosas de hombres y mujeres. El testimonio de una de esas víctimas asegura que en un puesto del Ejército se cometen violaciones a los derechos humanos. Una ONG denunció los casos ante la Fiscalía, que se mantiene investigando.Richard Amaya tuvo una semana escuchando gritos mientras dormía. No fueron causados por los fuertes dolores que aún siente en sus costillas o por las heridas de esquirlas de bala que tiene en la pierna derecha. La culpa tampoco la tuvieron los músculos que se retuercen en uno de sus antebrazos cada vez que aprieta el calor en la Guajira.
Es la memoria que mantiene vivo el sufrimiento de Amaya. Los recuerdos de las torturas, humillaciones y amenazas de muerte que sufrió durante 19 horas han generado en él secuelas físicas y psicológicas. Se mantiene firme, a pesar que le duele estar mucho tiempo de pie. Dice no tener miedo porque espera que en algún día se haga justicia en el lugar donde sus agresores imponen la ley desde hace años.
El caso de Amaya es emblemático dentro de las 19 torturas cometidas por los militares en la Guajira venezolana, según contabiliza el Comité de Derechos Humanos, una ONG que opera desde hace más de 15 años en esta empobrecida franja ubicada en el extremo noroccidental del país. Este indígena es una de las víctimas de una guerra silenciosa que, según esa organización, se implantó en la zona con la creación de un distrito militar en 2010 que operó hasta el 7 de julio de este año, pero que en la práctica se ha prolongado con el cierre fronterizo y el estado de excepción decretado en 2015 por el Gobierno para levantar una “frontera de paz” con Colombia.
Pero el acatamiento al artículo 46 de la Constitución Nacional (sobre el derecho a las personas de un trato respetuoso a su integridad física, psíquica y moral) parece ser ignorado dentro del puesto militar de El Tigre, gestionado por el 13 batallón de infantería del Ejército “Manuel Carlos Piar” en el municipio Guajira del estado Zulia. José David González, director de la ONG denuncia torturas cometidas contra indígenas venezolanos y colombianos detenidos en ese recinto. Incluso, afirma que hay uniformados de rango medio de ese punto de control involucrados en asesinatos. A pesar de la militarización, los wayúu no se sienten protegidos en su tierra. Denuncian no tener garantía jurídica porque sienten que no se le da valor a la ley.
Organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos del Zulia (Codhez), el Comité de DDHH, y varios voceros indígenas consultados por El Estímulo aseguran que desde la creación del distrito militar hay discriminación de los uniformados hacia los habitantes de la frontera al ubicarlos como los sospechosos habituales del contrabando de alimentos y –en especial- de la gasolina, un negocio tan lucrativo como el tráfico de drogas. Un toque de queda no oficial impuesto desde la nueve de la noche se practica a diario en la Guajira. El que lo viola, lo paga caro. Y si eres indígena, más aun. Si no que le pregunten a Richard Amaya.19 horas bajo el miedoLas declaraciones de Richard Amaya se pueden ver en los videos que acompañan esta nota: Eran las 9:45 de la noche del 18 de febrero de 2014 cuando este hombre fue detenido por una comisión conformada por cuatro agentes del Ejército en la vía hacia el sector Las Veritas. Lo bajaron del carro y le preguntaron con insistencia del pago de una comisión que supuestamente hizo a un efectivo castrense, algo que Amaya siempre negó durante esta entrevista.
La misma pregunta con respuesta, hizo que los agentes se les agotaran la paciencia, esposaran al indígena y le dieran golpes. También las esquirlas de un disparo activado por un arma militar hieren su pierna derecha.
Encapuchado, lo trasladan a una trocha en una camioneta Toyota modelo Hilux blanca con logo del Ejército venezolano. Allí, el hombre sintió tener la muerte de cerca; le quitan las esposas y la capucha. Ahora, ve que los uniformados son los que tienen cubiertos sus rostros, excepto uno. Richard Amaya lo identifica como el coronel del Ejército José Miguel Rojas.
Sostiene que era entonces el comandante del batallón destacamento José Manuel Piar. El oficial lo apunta con una pistola y lo amenaza de muerte en varias ocasiones. Amaya ruega por su vida. Rojas, según el testimonio, intenta en el suelo asfixiar al detenido con sus brazos y le dispara cinco veces cerca del oído, aturdiéndolo. “Me dio como unas treces patadas. Me mandó a levantar. Agarró un palo y me dio otros golpes”, asegura.
No contento con eso, el oficial prendió una “piroca” (bomba lacrimógena). Según el detenido, la intención del oficial era ahogarlo con el humo que expelía. “¡Habla o te voy a matar!”, le insistía. A Amaya lo obligan arrodillarse de nuevo y afirma que casi lo atropellan con el carro oficial. A las tres de la mañana, dice que lo llevan detenido hacia el puesto de El Tigre.
Una nueva ronda de golpes e insultos recibe por parte del coronel. Allí, le prometen que lo van a soltar. Su familia espera a las afueras del centro militar. A las dos de la tarde, sostiene, dos soldados le envuelven la cabeza y lo trasladan a un sitio que desconoce, no sin antes darle más golpes.
El calvario de Amaya culmina a las cuatro de la tarde cuando lo liberan en un paraje del cementerio de Kamama. Los soldados lo lanzan desde un vehículo militar y luego se pierden en medio del desierto.
Un desierto de muertos y detenidosEl distrito militar dejó un balance aterrador en seis años de vigencia en la Guajira: 20 muertos, 19 torturados, 1 secuestrado, 46 heridos, 600 hogares allanados y más de 700 personas detenidas de manera ilegal, según datos del Comité de Derechos Humanos. Virgilio Ferrer, diputado indígena a la Asamblea Nacional, califica de crítica la situación de los derechos humanos en esta apartada zona del país.
“Es contradictorio que un Gobierno que se hace llamar humanista y defensor de los derechos indígenas no haya educado a las Fuerzas Armadas sobre cómo comportarse en territorio netamente indígena, donde tienen usos y costumbres”, asevera Ferrer en declaraciones a Crónica Uno. Explica que el “choque de dos culturas” responde a buena parte de los abusos cometidos en la frontera. Las desapariciones forzadas también son un problema.
El caso de Anuar David López Gómez destaca en las denuncias sobre respeto a la vida. Este joven, de 31 años, fue hallado muerto tras haber sido detenido en el puesto de El Tigre. Por el caso están siendo procesadas cinco personas por un tribunal militar y fue uno de los motivos para que la AN citara al alcalde de la Guajira, Hebert Chacón, por la situación humanitaria en la zona. Los vejámenes son conocidos en el Ministerio Público. Cuatro fiscales (18 y 45 del estado Zulia, 76 y 91 de competencia nacional) investigan los casos presentados por el Comité de Derechos Humanos.
El Ministerio Público impulsa las investigaciones; entrevistó a todas las víctimas el 29 de marzo en Maracaibo y forenses de Caracas evaluaron las condiciones de salud a 46 de ellos. La bota militar se siente a cada palmo de la Guajira.Por eso, la gran cantidad de efectivos castrenses acusados de abusos. Los agentes controlan las labores de patrullaje y tiene zonas vedadas a la policía que opera en la zona. A pesar de ese despliegue, la guerrilla tiene fuerte presencia.
Reporteros de El Estímulo observaron a dos guerrilleros, uno con radio y otro de ellos armado, custodiaban la vía principal de la parroquia Elías Sánchez; a metros de un puesto custodiado por el Ejército.OLP: otro problemaLas llamadas OLP (Operación para la Liberación del Pueblo) son redadas militares que se han sumado a los problemas en la Guajira. Según las ONG, los operativos han dejado su huella entre los habitantes de la frontera: el 16 de mayo un hombre, de 26 años, murió durante una redada en el sector El Molinete; mientras el allanamiento practicado en el mercado Los Filúos el 9 de agosto dejó golpes a los detenidos acusados de contrabandistas. Los activistas en derechos humanos aseguran que sus denuncias no van dirigidas contra la Fuerza Armada sino contra algunos de sus efectivos.
El reto de ellos es canalizar todas las denuncias ante los tribunales ordinarios, “porque la justicia militar es obediente a quien tiene el poder”, explica José Marín coordinador a la asistencia legal del Comité de DDHH. La justicia al igual que el miedo corren como el polvo que corre en los parajes desérticos de esta zona.
El destino hizo que Avendaño y el coronel Rojas se vieran las caras en una estación de gasolina meses después de lo ocurrido en febrero de 2014. El militar se limitó a pedir la cédula y sonreir. Ya sabía que había sido denunciado ante la Fiscalía, recuerda Avendaño, quien asegura que su victimario está fuera del estado Zulia.
Desconfiado, pero aferrado a ella. Avendaño espera mucho de la justicia. A la pregunta obvia sobre qué espera de sus denuncias, el indígena dice de manera tajante :”quiero que este señor pague con la cárcel”.
“Porque si no denunciamos, siempre va estar haciendo lo mismo y tiene que ir preso”.
El Estímulo
