Misterio y polémica. Sólo habían transcurrido tres horas desde un nuevo desmentido oficial en Caracas cuando Patricia Velásquez, embajadora de la Unesco, resquebrajó la argumentación del Gobierno de Chávez: «Sí hubo matanza de yanomami» en Irotatheri, poblado indígena del Alto Orinoco venezolano.
Velázquez, actriz y modelo, es además defensora de los derechos indígenas y representante de la etnia wayuú y sostuvo con firmeza que pudo confirmar la tragedia, provocada por un grupo de garimpeiros brasileños, en fuentes confiables.
«Lo menos que debo hacer es creer a quienes comparten raíces ancestrales», añadió Velásquez. «Los yanomami no hablan de sus muertos, los queman y los toman. Para ellos sólo existen los números uno y dos, y muchos», lo que va a dificultar reconstruir lo sucedido en el ‘shabono’ (casa comunitaria). La choza indígena central fue atacada con explosivos y tiroteada por los mineros ilegales, según la denuncia de tres supervivientes. En ese poblado vivían 80 yanomamis.
Velásquez quiso evitar la polémica política suscitada tras conocerse la noticia, algo impensable en la Venezuela preelectoral. De hecho, Tareck El Aissami, ministro de Interior, precedió a la defensora indígena con una acusación contundente: «Desde hace 24 horas nos hemos cansado de declarar que es mentira y los medios no han titulado absolutamente nada respecto a eso».
Llegar al fondo del asunto
Pero la actriz añadió que para llegar al poblado son necesarios cinco días caminando, por lo que la Guardia Nacional no podría haber comprobado la veracidad de la denuncia. «Lo más importante es hacer una investigación y llegar al fondo del asunto», enfatizó Velásquez, que recordó que los gobiernos de Caracas y Brasilia suscribieron un convenio para defender a los yanomamis, que son Patrimonio de la Humanidad, tras varios ataques registrados desde 2009.
La Policía Federal de Brasil emitió un comunicado para dejar claro que el suceso tuvo lugar en territorio venezolano y recordar que actualmente efectúa una operación contra los garimpeiros, con 26 detenidos hasta el momento.
En Venezuela, la reacción gubernamental fue más allá de las palabras del ministro. Según denunció Liborio Guarulla, gobernador del estado Amazonas, «Luis Chatiwe, la primera persona que habló públicamente, fue llevado a la guarnición (de la 52 Brigada del Ejército) y se le impide hablar públicamente. Él no cometió ningún delito», protestó. (Daniel Lozano, El Mundo, 04.09.12)
