El Ministerio Público investigará la masacre que garimpeiros habrían perpetrado contra una comunidad yanomami del estado Amazonas el pasado 5 de julio y en la cual unos 80 indígenas habrían perdido su vida.
En un comunicado de prensa, el despacho encabezado por Luisa Ortega Díaz informó que el subdirector de Investigaciones de la Dirección de Delitos Comunes del organismo, Zair Mundaray; y el fiscal IV de la entidad sureña, Luis Perdomo, encabezarán el grupo de investigadores.
La instancia garante de la legalidad también anunció que los funcionarios comisionados se trasladarán hasta Irotatheri, la comunidad presuntamente atacada, la cual se ubica a 15 días a pie de Puerto Ayacucho o a cinco horas en helicóptero para iniciar las pesquisas.
El caso se dio a conocer gracias a la denuncia que miembros de la organización Horonami formularon este 27 de agosto ante la Fiscalía Superior de Amazonas y posteriormente ante los medios de comunicación.
De acuerdo al relato que tres supervivientes ofrecieron a la agrupación, un helicóptero de procedencia brasileña irrumpió en la población, la cual se encuentra cerca de yacimientos de oro que explotan ilegalmente mineros del vecino país; y sus ocupantes comenzaron a disparar a mansalva contra todos sus habitantes.
La denuncia de la Horonami fue respaldada por el miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional, diputado Andrés Avelino, quien en declaraciones a una emisora de Barquisimeto (Lara) aseguró que los garimpeiros actúan bajo el amparo los jefes militares de la zona como el general Pinto Gutiérrez, comandante de la 52 Brigada del Ejército.
Incumpliendo la palabra
La masacre puso en evidencia nuevamente el incumplimiento por el Gobierno venezolano de los compromisos internacionales que ha asumido, pues en marzo pasado las autoridades nacionales prometieron que desarrollarían un plan para vigilar y proteger a las comunidades yanomanis de los mineros ilegales brasileños, para lo cual anunciaron que buscarían la cooperación de las autoridades del gigante del sur.
El compromiso lo asumió el Ejecutivo del presidente Hugo Chávez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo cual evitó que esa instancia terminara demándola nuevamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar las garantías fundamentales de alguno de sus ciudadanos.
En el organismo con sede en Washington (Estados Unidos) reposaba desde 1996 una denuncia que interpuso el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contra Venezuela, por su incapacidad para garantizarle la vida a 16 yanomamis que fueron asesinados en 1993 también por unos garimpeiros; y por su incapacidad para identificar y procesar a los autores de esa matanza.(Juan Francisco Alonso, El Universal, 30.08.12)
