Miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron en la mañana de este jueves a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por las acciones iniciadas en contra del ejercicio de la minería.
Levis González, capitán de la comunidad indígena San Miguel de Caroní, explicó que a raíz de las operaciones militares se suspendieron las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
«Esas aeronaves privadas siempre nos han abastecido de alimentos y medicinas y ahora estamos afectados y con escasez y desabastecimiento de alimentos», dijo, al explicar que el Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana) suspendió las autorizaciones de vuelo desde el 9 de enero de 2013 alegando que las aeronaves «eran ilegales» y al presumir que facilitan insumos para la minería ilegal. Sólo dos empresas cuentan con permisos de vuelo.
Además de Urimán, la situación –explicó- afecta a Wonken, Kamarata y Canaima, entre otras comunidades a las que sólo se ingresa por vía aérea.
La primera acción fue la toma del comando militar de Urimán, en donde están habilitados los 43 efectivos detenidos por los indígenas, quienes también amarraron las manos de los militares con cuerdas.
González aseguró que los soldados permanecerán detenidos hasta tanto no reciban la visita de representantes del Ministerio de la Defensa o del comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá.
El capitán indígena aseguró que no están en contra de que el cuerpo militar actúe en contra de la extracción ilegal de oro, pero admitió que ésta es la única actividad de sustento económico de las comunidades indígenas. «No ejercemos la actividad a gran escala, sino como sustento de nuestras familias porque el Gobierno nos tiene olvidados, no gozamos de los beneficios del Estado».
A mediados de enero, el comandante Clíver Alcalá, informó que se realizaron cuatro operaciones militares en las cuencas hidrográficas, al sur de Bolívar, para eliminar las operaciones de minería ilegal con la destrucción de 60 campamentos aproximadamente.
En las cercanías del Parque Nacional Canaima los efectivos castrenses avistaron varias minas, operadas por indígenas que -aseguró Alcalá- «tienen citaciones y se han retenido cinco aeronaves en la región con personas involucradas en el transporte de mineral de oro desde las minas a otros destinos». «Seremos severos», enfatizó.
La suspensión de vuelo de las aeronaves privadas ha elevado los costos de traslado de los indígenas que deben cancelar un pasaje de Bs. 2.500 desde Urimán hasta Ciudad Bolívar, cuando lo «normal» era pagar Bs. 1.300 los precios de los alimentos también se han encarecido.
En retrospectiva
La acción no es nueva. A finales de octubre de 2011, 13 comunidades indígenas del Alto Paragua desarmaron a 22 efectivos de la Armada y el Ejército que –aseguran- permitían la minería ilegal en los espacios de los que habían sido desalojados meses antes.
Fueron detenidos por una semana aproximadamente y presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, cuatro capitanes indígenas del Alto Paragua, municipio Angostura del estado Bolívar. Los capitanes quedaron bajo régimen de presentación.
Los pobladores indígenas han denunciado que los efectivos castrenses han sido cómplices de la minería ilegal, al permitir su ejercicio a cambio de valiosas «vacunas» de oro semanales. (María Ramírez Caebllo, El Universal, 08.02.13)
