La defensa de Sabino Romero lo acompañó, en la última audicencia del juicio que se sigue en su contra, a recusar al Fiscal Victor Valbuena, principal del grupo de siete fiscales asignados al caso de los yukpas de la Cuenca del Yaza.
Victor Valbuena es aún el fiscal encargado del caso del asesinato del padre de Sabino Romero, José Manuel Romero, en manos de paramilitares pagados por los ganaderos locales para amedrentar a los yukpas que recuperaron sus tierras en la región. Este caso está paralizado y engabetado en el escritorio de este fiscal y sin embargo es en el caso del hijo del Atancha José Manuel un adalid de la celeridad procesal, descuidando alevosamente todos los demás derechos procesales de los acusados.
En sustitución de este fiscal recusado apropiadamente por la defensa, el Ministerio Público designó a Américo Rodríguez, fiscal con experiencia en acusar a los activistas presos en los sucesos de Cuesta del Padre, cuando un grupo de apoyo rompió el cerco que la FFAA le tenía a las comunidades del Yaza para impedir que les llegara apoyo humanitario. Este “veterano en asuntos indios” tambien fue el fiscal del estado contra los indígenas que boicotearon las instalaciones del tendido eléctrico comenzado por Caldera y que el actual gobierno terminó en servicio de la propuesta de las multilaterales hacia el territorio brasileño.
En Trujillo el juez de la circunscripción penal en el caso es Antonio Moreno Matheus, quien en primera audiencia ratificó el sitio de reclusión a solicitud del fiscal local: Lenin Terán, ignorando la advertencia argumentada de la defensa de que aún en justicia penal ordinaria la LOPCI garantiza un reclusión acorde a su cultura ancestral a los procesados indígenas.
En la carcel Nacional de Trujillo Sabino Romero ha recibido amenazas y esta expuesto a las irregularidades comunes de un interno ordinario, su cultura no le permite comprender facilmente ni la reclusión ni las irregularidades, como aún esta afectado por el aislamiento a que fue sometido en Fuerte Macoa. En el juicio es humillado por fiscales y jueces que le impiden lucir las marcas de su condición de cacique, en la dinámica del juicio es familiar el desprecio por la lengua y la cultura yukpa-caribe. Resposabilizamos a la jurisdicción penal del estado Trujillo por los daños morales y por lo que fisicamente pueda dañar a Sabino Romero y a Alexander Fernández.
Cambian los operadores y se profundiza la ejecución de la política de criminalización de los indígenas que luchan, mientras se trabaja día y noche por el desmatelamiento de la resistencia ancestral de uno de los últimos bastiones del pueblo Caribe.
Una noticia que nos indica que esta política es del conjunto del estado gobierno nos llega de Londres: Al ser consultado por activistas de derechos humanos y sociales de ese país sobre la causa contra el dirgente indígena Sabino Romero, el embajador de Venezuela, el Historiador e intelectual Samuel Moncada les explicó que en ese asunto estaba involucrado el narcotráfico y que Sabino es un violador, asesino y ladrón de ganado. Que los yukpas estaban con el Presidente Chávez y que tenían sus represnetantes directos en el gobierno. (Sociedad Homoetnatura, 22.09.10, http://www.elpueblosoberano.net/2010/09/recusado-fiscal-que-lleva-caso-de-los-yukpas/)
