Por Natalie García
Correo del Caroní
Criterios encontrados persisten alrededor de la aparente calma en La Paragua. Por un lado los voceros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y la ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, detallan que todo está solucionado y por el otro, los aborígenes se quejan de que si bien hubo una entrega pacífica de los 19 funcionarios que estaban retenidos por ellos, -desde el jueves- aún no hay reales soluciones a los problemas planteados, es decir el abuso de los militares en contra de los pueblos ancestrales.
Jaime Rojas, habitante del Alto Paragua y quien estuvo durante los 4 días que los militares fueron desarmados, indicó que la acción de las 13 comunidades en La Paragua, municipio Angostura, se debió al cansancio de los maltratos de los castrenses.
“Ellos son los que controlan el combustible, los lubricantes, los que han maltratado no sólo verbalmente sino físicamente a los indígenas, por eso es que 22 capitanes hermanos se reunieron y decidieron hacer lo que hicieron en el sector Tonoro -donde está el yacimiento- porque ya no aguantaban más”.
Explica el vocero que todo se inició porque los militares fueron, presuntamente, descubiertos ejerciendo la minería ilegal junto a otras personas, en un yacimiento que había sido desalojado dos meses atrás, lo que desató gran molestia justamente porque de parte de los militares “suceden abusos y entran personas de malos vicios a la zona”.
Opción limitada
Destacó el representante que los indígenas viven de la minería artesanal, sin máquinas hidráulicas, porque no tienen ayudas para hacer otras cosas en sus comunidades.
“Sí se podrían desarrollar otras alternativas pero a la hora de la verdad no tenemos ni para los útiles de los niños. Nosotros creemos en las políticas del gobierno, y estamos de acuerdo en muchas cosas pero el maltrato es horrible de parte de las fuerzas armadas, por lo que necesitamos autoridades con conciencia y no como los militares que tenemos”.
Comentó Rojas que no hay ningún viso político en el conflicto presentado en La Paragua y por el contrario ellos -los indígenas de esa localidad- están con el “proceso revolucionario” pero no con las “arbitrariedades” que algunos funcionarios de la Fuerza Armada cometen.
“Esta es la primera vez que el pueblo indígena, porque le pedimos a los criollos que no se metieran en esta caso interno, se rebela contra los militares, pero fue por eso porque ya estaban cansados de todo lo que estaba pasando, porque son ellos los encargados de resguardar y no lo hacen”.
Apuntó Jaime Rojas que con lo ocurrido y la entrega de los militares retenidos al menos lograron que sus peticiones fuesen escuchadas por la ministra de Pueblos Indígenas.
Cuestionamiento militar
Por su parte Alexis Romero, también vocero de los indígenas del Alto Paragua, indicó con relación a los militares que “creíamos que ellos iban a ser guardianes de la naturaleza, y resultó ser todo lo contrario, son los que deterioran y permiten la destrucción del ambiente”.
Recalcó que entre lo acordado con la Fuerza Armada se contempló la salida de los funcionarios del sector Tonoro, donde estaba el yacimiento que fue objeto de disputa, para así empezar los indígenas a custodiar el área como siempre lo han hecho.
Romero comentó que si bien en la Constitución están reconocidos sus derechos aún les falta por alcanzar la delimitación de su territorio y en este aspecto fundamental para los descendientes ancestrales están detrás los funcionarios de verde.
“La alta cúpula militar está detrás de nuestro territorio, son uno de los primeros obstáculos, más que guardianes han demostrado que son destructores de la naturaleza y eso es lo que nos ha indignado que ellos tienen la explotación y nosotros somos recriminados por lo que hacemos”.
Puntos focales
Carlos Somera, viceministro de los Pueblos Indígenas, dijo que la solución al conflicto en La Paragua fue sosegada. La mediación que contó con la participación de la ministra Nicia Maldonado desembocó en tres acuerdos: el trabajo conjunto de autoridades con indígenas para la preservación, lograr el control de la zona para impedir la minería ilegal y por último estudiar el decreto 8.413 que establece la nacionalización del oro y la criminalización de la minería artesanal.
Reconoció el funcionario que unas “individualidades militares” sí incurrieron en abusos contra los indígenas y por ello es que reaccionaron resultando al final los acuerdos señalados.
