El gobierno nacional incumple las obligaciones que le imponen la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Señalan los distintos órganos del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos, que al tratarse de pueblos indígenas en condiciones de vulnerabilidad, la consulta debe realizarse de manera libre, previa, informada y de buena fe. Como describiremos, nada de esto ha ocurrido con la aprobación del Plan Integral del Arco Minero del Orinoco ni con la militarización de la Guajira venezolana.
