Caracas, 3 de septiembre.- El 27 de agosto, tres miembros de la comunidad yanomami de Irotatheri denunciaron ante la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puerto Ayacucho una masacre perpetrada por mineros brasileños. Los sobrevivientes hablan de numerosas víctimas en una comunidad de 80 personas, en un ataque con armas de fuego, explosivos y un helicóptero, en la zona del Alto Orinoco. 14 organizaciones indígenas del estado Amazonas han ratificado la denuncia, sin embargo el gobierno niega que haya ocurrido la masacre. El dirigente sindical, Orlando Chirino, se pronunció al respecto, denunciando la masacre y exigiendo que se investiguen los hechos y se haga justicia para las víctimas.
«Con profundo dolor tenemos que repudiar este horrible crimen contra el pueblo yanomami. Aunque aún no se ha determinado con exactitud cuántos heridos y muertos ha dejado esta acción criminal, están los testimonios de tres sobrevivientes que denunciaron la masacre en Puerto Ayacucho, y un sobreviviente que logró denunciar el hecho en el lado brasileño de la frontera. No podemos entender cómo el gobierno, a través de la ministra Nicia Maldonado, dice que es falso que haya ocurrido la masacre, sin haber realizado una investigación a fondo, es una gran irresponsabilidad. Nos solidarizamos con el pueblo yanomami y apoyamos las exigencias de la Coordinación de Organizaciones Indígenas del Amazonas (Coiam), de que se investigue y se establezcan mecanismos bilaterales para capturar a los asesinos, además de que el Estado venezolano adopte medidas para garantizar la integridad del pueblo yanomami», declaró el candidato obrero.
Chirino recordó que la situación de los pueblos indígenas en Venezuela es precaria debido a que el gobierno venezolano se niega a reconocer sus territorios y a protegerlos de las incursiones y ataques por parte de mineros, ganaderos y de la depredación de los capitales transnacionales. «Esta masacre se suma al asesinato del joven dirigente yukpa Alexander Fernández y varios jóvenes de ese pueblo indígena de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, por parte de sicarios al servicio de ganaderos de la zona. El gobierno tampoco ha querido investigar ese crimen ni castigar a los culpables. En todos estos casos, la cuestión del territorio origina los conflictos, ya que el gobierno impide que los pueblos indígenas realicen la autodemarcación territorial, y las autoridades no brindan protección a los pueblos indígenas ante los ataques de agentes externos que tienen intereses económicos sobre esos territorios. Es muy grave lo que dicen las organizaciones indígenas acerca de cómo se alertó desde hace años al gobierno de que los yanomami estaban sufriendo enfermedades y muertes por la contaminación con mercurio que produce la minería ilegal del oro, y que había conflictos con los garimpeiros, pero las autoridades no hicieron nada, ahora ocurre la masacre y la ministra dice que todo está bien. Ya basta de impunidad y de atropellar los derechos de los pueblos indígenas, nos sumamos a la exigencia de justicia», enfatizó Chirino.
«Las organizaciones agrupadas en la Coiam deberían convocar a una reunión nacional de emergencia, con las organizaciones indígenas de las demás regiones del país, y con el acompañamiento solidario de las organizaciones obreras, estudiantiles, ambientalistas, para repudiar la masacre, exigir que se investigue, y plantear una posición común frente al tema de la autodemarcación territorial indígena y la defensa de la integridad de los pueblos del Amazonas, Perijá, y las demás regiones, ante los ataques de mineros y ganaderos, cuyas acciones cuentan en muchos casos con la cooperación de la Guardia Nacional y las autoridades», concluyó Chirino. (LaClase.info, 04.09.12)
