Nos convoca la reflexión sobre el juicio que se celebrará el próximo 7 de febrero contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea y Sociedad Homo Et Natura, organizaciones que apoyaron, entre muchas otras, la solicitud de comunidades yukpas a ser escuchados por el máximo tribunal por cuanto exigían la aplicación de jurisdicción indígena para la resolución de conflictos.
La pretendida acción de protección que busca condenar a estas organizaciones se inserta en lo que se está consolidando como una tradición en el ejercicio del poder frente a las manifestaciones de apoyo, acompañamiento, solidaridad, lucha, entre organizaciones, colectivos organizados y pueblo indígenas. “La criminalización y judicialización de las luchas campesinas, obreras, populares o indígenas, razón por la cual hay y ha habido dirigentes y luchadores sociales presos, sometidos a procesos judiciales o a régimen de presentación en tribunales (…) prolonga por dentro de la revolución la sesgada “justicia” de clase del capital, de los corruptos y de los terratenientes, por encima de la justicia del pueblo”[1].
En el caso yukpa, la criminalización de esta lucha social (recordar la imputación en el 2008 de Mariluz Guillen, Kelly Amundarain, Tomas Becerra y mi persona quienes tuvimos que enfrentar año y medio de régimen de presentación luego de haber formado parte de una acción colectiva para llevar comida y medicina a comunidades yukpa cercadas por terratenientes y sicarios[2]) y el irrespeto hacia las mujeres madres indígenas, consideradas personas sin capacidad para decidir su lugar en esta lucha, se erigen como los tropos que configuran un estado superior de la razón de una lógica policial CONTRA el poder popular visto en su más amplio y profundo sentido y contra el mandato de la Constitución según el cual Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social (art132)
Lo sabemos, verdad?
Por otra parte, el argumento de los niños y niñas yukpas como “escudos humanos” que obstaculizaban las actividades del TSJ y la recomendación de ser devueltos a su “ambiente propio de su cultura”, reflejan en si el zeugma colonial que antepone a todo análisis profundo e intercultural de la realidad indígena; zeugma racista y por ende in humano.
Es ridículo asumir que una madre yukpa que se ve en la obligación de venir a Caracas para que no sigan matando a su gente, va a dejar a sus hijos en su comunidad a merced de sicarios quienes siguen actuando con total beligerancia en comunidades yukpas pues ningún fiscal ha declarado el estado de vulnerabilidad que si tienen y han tenido los niños y niñas indígenas cuando en sus comunidades entran sujeto armados a “cazar caciques”, “a matar indios rebeldes asi se escondan debajo de las piedras” o a “beberse la sangre de los hijos de Carmen Fernández” .
Vale la pena mencionar que estos niños y niñas yukpas en su inmensa mayoría están desnutridos y en el mejor de los casos malnutridos. Quizá, es esa realidad la que entorpecía la dedicada indiferencia institucional hacia el problema PROFUNDO de los pueblos indígenas en Venezuela. ¿Por qué no el Sr. Fiscal recomendaba con ímpetu a las autoridades del TSJ responder con celeridad la angustia de estas familias indígenas?. No se le podrá entonces acusar también de responsables al perpetuar con su ineficiencia y lógica racista la falta de atención que por derecho constitucional fue la que generó la permanencia de las familias en el TSJ?
Estos niños y niñas sí son escudos humanos pero para frenar la desesperanza que atenta contra su desaparición como pueblo. Son escudos contra el racismo institucional; escudos contra la impunidad que cada día busca desmoralizar a las madres yukpas que han exigido justicia frente a sus hijos y compañeros asesinados (NO HAY NINGUN PRESO AL RESPECTO); escudos contra la soberbia de la elite de poder político y económico (en estas alianzas no hay ideología que las separe) pues son sustratos figurativos de la herencia colonial que han visto y ven al indio como un problema que debe ser sino eliminado, neutralizado y aislado de todo acompañamiento social.
Siendo el asunto central niños y niñas indígenas me pregunto dónde están los fiscales que impulsan juicios contra los responsables del hambre que causan la muerte de niños y niñas Yukpas, Waraos, Yanomamis, Pumé, por solo nombrar algunos de los pueblos indígenas que enfrentan elevados niveles de mortalidad infantil por desnutrición, deshidratación, diarreas, gripes para quienes la expectativa de vida no llega a los 4 años de edad.
¿Cuál es la verdadera motivación de este juicio?
[1] Extraído de articulo http://www.aporrea.org/trabajadores/n182471 Contra la criminalización de las luchas sociales por parte del Estado.
[2] 23 agosto 2008 estos activistas sociales “ quedaran recluidos en este recinto policial a la orden del fiscal por encontrarse presuntamente incursos en uno de los delitos tipificados en el código penal vigente (de la violencia o de la resistencia a la autoridad) (María Peña, La Guarura, 31.01.13)
