Nos convoca la reflexión sobre el juicio que se celebrará el  próximo 7 de febrero contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea y Sociedad Homo Et Natura, organizaciones que apoyaron, entre muchas otras, la solicitud de comunidades yukpas a ser escuchados por el máximo tribunal por cuanto exigían la aplicación de jurisdicción indígena  para la resolución de conflictos.

La  pretendida acción de protección que busca condenar a estas organizaciones se inserta en lo que se está  consolidando como una tradición en el ejercicio del poder frente a las manifestaciones de apoyo, acompañamiento, solidaridad, lucha, entre organizaciones, colectivos organizados y pueblo indígenas.  “La criminalización y judicialización de las luchas campesinas, obreras, populares o indígenas, razón por la cual hay y ha habido dirigentes y luchadores sociales presos, sometidos a procesos judiciales o a régimen de presentación en tribunales (…) prolonga por dentro de la revolución la sesgada “justicia” de clase del capital, de los corruptos y de los terratenientes, por encima de la justicia del pueblo”[1].

Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social

En el caso yukpa, la criminalización de esta lucha social (recordar la imputación  en el 2008 de Mariluz Guillen, Kelly Amundarain, Tomas Becerra y mi persona quienes tuvimos que enfrentar año y medio de régimen de  presentación luego de haber formado parte de una acción colectiva para llevar comida y medicina a comunidades yukpa cercadas por terratenientes y sicarios[2]) y el irrespeto hacia las mujeres madres indígenas, consideradas  personas sin  capacidad para decidir su lugar en esta lucha, se erigen como los tropos  que configuran un estado superior de la razón de una lógica policial CONTRA el poder popular visto en su más amplio y profundo  sentido y contra el mandato de la Constitución según el cual  Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social (art132)

Lo sabemos, verdad?

Por otra parte, el argumento de los  niños y niñas yukpas como “escudos  humanos” que obstaculizaban las actividades del TSJ y la recomendación de ser devueltos a su “ambiente propio de su cultura”, reflejan en si el zeugma colonial que  antepone a todo análisis profundo  e intercultural de la realidad indígena; zeugma racista  y por ende in humano.

                   Es ridículo asumir que una madre yukpa que  se ve en la obligación de venir a Caracas para que no sigan matando a su gente, va a dejar a sus hijos en su comunidad a merced de sicarios quienes siguen actuando con total  beligerancia en comunidades yukpas pues ningún fiscal ha declarado  el estado de vulnerabilidad que si tienen y han tenido los niños y niñas indígenas cuando en sus comunidades entran sujeto armados a  “cazar caciques”, “a matar indios rebeldes asi se escondan debajo de las piedras”  o a “beberse la sangre de los hijos de Carmen Fernández” .

               Vale la pena mencionar que  estos niños y niñas yukpas  en su inmensa mayoría están desnutridos y en el mejor de los casos malnutridos. Quizá, es esa realidad la que entorpecía la dedicada indiferencia institucional hacia el problema PROFUNDO de  los pueblos indígenas en Venezuela. ¿Por qué no  el Sr. Fiscal  recomendaba con ímpetu a las autoridades del TSJ responder con celeridad la angustia de estas familias  indígenas?. No se le podrá entonces acusar también de responsables  al  perpetuar con su ineficiencia y lógica racista la falta de atención que por derecho constitucional fue la que  generó la permanencia de las familias en el TSJ?

             Estos niños y niñas sí son escudos humanos pero para frenar la desesperanza que atenta contra su desaparición como pueblo.  Son escudos  contra el racismo institucional; escudos contra la impunidad que cada día  busca desmoralizar a las madres yukpas que han exigido justicia frente a sus  hijos y compañeros asesinados (NO HAY NINGUN PRESO  AL RESPECTO); escudos contra la soberbia de la elite  de poder político y económico (en estas alianzas no hay ideología que las separe) pues son sustratos  figurativos de la herencia colonial que han visto y ven al indio como un problema que debe ser sino eliminado, neutralizado y aislado de todo acompañamiento social.

                  Siendo el asunto central niños y niñas indígenas me pregunto dónde están los fiscales que impulsan juicios contra los responsables del hambre que  causan la muerte de niños y niñas  Yukpas, Waraos, Yanomamis, Pumé, por solo nombrar algunos de los pueblos indígenas que enfrentan  elevados niveles de mortalidad infantil  por desnutrición, deshidratación, diarreas, gripes  para quienes la expectativa de vida no llega a los 4 años de edad.

        ¿Cuál es la verdadera motivación de este juicio?

[1] Extraído de articulo http://www.aporrea.org/trabajadores/n182471 Contra la criminalización de las luchas sociales por parte del Estado.

[2]  23 agosto 2008 estos activistas sociales “ quedaran recluidos  en este recinto policial a la orden del fiscal por encontrarse  presuntamente  incursos en uno  de los delitos tipificados en el código penal vigente (de la violencia o de la resistencia a la autoridad) (María Peña, La Guarura, 31.01.13)

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