Ayer en horas en la tarde la sala dos del tribunal de control del estado Zulia conoció y decidió desfavorablemente a la apelación introducida por la defensa de Sabino Romero y Alexander Fernández, argumentando como lo ordena la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas con base a la Constitución Bolivariana que los delitos imputados a estos ciudadanos indígenas deben ser conocidos por la jurisdicción especial indígena que consiste en un proceso judicial de acuerdo a sus costumbres y cultura, en manos de las autoridades que tradicionalmente administran justicia en su pueblo y con penalidades aplicadas de acuerdoasus constumbre sin extrañarlos de su territorio cultural y social.
Este beneficio no era en primera instancia ni en la apelación una opción de los jueces, lo que se solicitaba er el reestablecimiento de los derechos que les da a los indígenas el estado de derecho. Los hechos juzgados ocurrieron entre indígenas del mismo pueblo y en territorio indígena.
El reestablecimiento de este derechos beneficiaba a todos los involucrados en los sucesos del 13 de octubre, incluido Olegario Romero, quien especificamente pidió respeto por su justicia propia, negándose a declarar ante lo tribunales penales y los funcionarios “watias” que lo imputaban.
Además se exigía la anulación de las decisiones que en materia penal se había dictado en primera instancia por no estar ajustadas a derecho , sin base en prueba alguna suficiente aún por la jurisdicción penal ordinaria. Dichas actuaciones arbitrarias, en desconocimeinto de la ley, acarrean responsabilidades civiles y penales para jueces y funcionarios involucrados.
La sala de apelaciones lo que hizo fue hacerse cómplice de los desafueros de la instancia inicial, dejando la causa para la jurisdicción ordinaria con la insuficiencia probatoria inicial. Es decir dió como apropiada una decición sin testimonios, ya que fueron anulados todos, por ausencia del Ministerio Público en las actuaciones del CICPC donde incluso la propia jueza de la causa ha ordenado una investigación por denuncias de torturas de dos de los interrogados (Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández), y con dos pruebas relativas como la planimetría y la prueba de la pólvora, insuficientes en una reyerta y en una zona rural donde todos son cazadores.
Denunciamos a las instancias judiciales involucradas por hacerse cómplices de lo que hasta ahora es la criminalización de dirigentes indígenas en su lucha por la tierra, para acultar la responsabilidad de quienes evidentemente ordenan estas decisiones desde los ministerios mas importantes del ejecutivo nacional y anunciamos la voluntad de la defensa de agotar las instancias legales para buscar justicia para los indígenas yukpas criminalizados y secuestrados por el estado-gobierno, con la esperanzade que por fin se restablezca el estado de derecho.
Donde desde temprano hacia plantón de solidaridad con los yukpas imputados, activistas de la Sociedad Homo et Natura, del Movimiento Estatuista de Maracaibo y del Núcleo Endógeno Cultural Capirugente, algunos familiares de Sabino Romero que pudieron llegar por su cuenta ante la precariedad de recursos y pese a las enfermedades que aquejan a su comunidad Chaktapa, como lo constató una misión médica que acudió en socorro este fin desamana al rio Yaza. También había estudiantes y profesores universitarios de distintas casas de estudios de la región.
En horas del mediodía se presento un grupo de familiares de Olegario Romero a las puertas del palacio de justicia zuliano traidos por la dirgente yukpa Amalia Pérez, quien es responsable entre los yukpas de inicar la calumnia de avigeato que originó en enfrentamiento del 13 de octubre, operadora conocida del Ministerio del Interior y de la Viceministra Tamara Duque, coordinadora del plan yukpa y del plan de seguridad integral de frontera.
Exaltados y llenos de dolor como le sucede a los familiares de todos los involucrados, gritando a favor de “que se aplique la ley criolla (watia)” y “que los que están presos se queden presos”, “así Olegario se quede preso” y acusando a los activistas y familiares de sabinode asesinos y cómplices de Sabino. La experiencia, el dolor compartido y la condición de conocer desde muchos años el hacer solidario de los activistas con su causa originaria evitó enfrentamientos para los que fueron tristemente provocados y traidos .
Semejante manipulación vergonzosa y evidente del dolor de los deudos de las víctimas no es nueva y funcionarios de la burocracia ministerial de Ambiente, Pueblos Indígenas e Interior y Justicia vienen trabajando esta matriz de criminalización para ocultar tras el velo de las calumnias y el histórico enfrentamiento entre indígenas y terratenientes, la intensión de no entregar las tierras autodemarcadas por los indígenas de acuerdo a las leyes y la Constitución de la Patria, para favorecer los negocios de la minería que un sector poderoso de la burocracia tiene con el capital transnacional.
Para Sabino Romero y sus compañeros de lucha y de reclusión parece evidente que no habrá justicia ni derechos indígenas, porque un estado ajeno a los mandatos de las leyes preso de los grupos de interés corporativo, pretende convertirlo en un ejemplo nacional de lo que les sucede a los que piden justicia, dignidad y derechos frente a los atropellos de un estado gobierno en el cual hemos puesto esperanzas de cambio pero que lamentablemente actua ajeno y contrario al interés social de quienes lo legitimamos en el poder.
A Sabino Romero como como lo cuenta el documental del jucio al dirigente mapuche Pascual Pichun, le será impuesto un castigo ejemplar, por atreverse a luchar por los suyos, como le sucedé también a Carlos Chancellor y a Rubén Gonzalez en Guayana, como le sucedió a Los hermanos Pérez en Lara, a Argenis Vásquez en Sucre, La Comuna Tierra y Hombre libres en Lara y a ya cientos de trabajadores y campesinos en toda Venezuela, en casos donde la impunidad y lo hechos señalan la terrible y dolorosa complicidad e incluso responsabilidad del estado.
Algunos resienten la acusación directa que hacemos al estado gobierno y a su funcionarios, porque esta involucra al presidente de la República, a ellos les decimos que hemos compartido las esperanzas y la acción para que este gobierno capitalice y haga de la esperanza una realidad. Pero tal ha sido la coherencia con que un ámplio sector de la burocracia del ejecutivo, junto con el poder judicial han actuadoen detrimento de losdderechos indígenas, tal ha sido el silencio cómplice de los otros poderes, salvo muy pequeñas y honorables excepciones. Que es nuestra responsabilidad como oganización de derechos de señalar las cosas tal como son y los hechos tal como sucedieron y suceden para no ser cómplices por vacilaciones de la invisibilización que desde el poder y los medios públicos y privados se hace de esta causa por la tierra de los indígenas de Perijá.
Nunca en treinta años de acompañamiento a la causa indígena y ecologísta en la Sierra de Perijá hemos vacilado, entre el poder y las comunidades, ese es y será nuestro camino y ese es el camino de cualquier organización de lucha por los derechos, tener confrontaciones de este tipo con el estado gobierno y las corporaciones. no entendemos porque se piensa que tiene que ser distinta nuestra actuación ahora, y porque tendriamos alguna razón para no continuar nuestra militancia social en forma menos consecuente con los yukpas. Habida cuenta del sin número de violaciones acumuladas sin respuesta a ningún nivel en este caso en los últimos años, y cerradas por decisión del mismo, al menos hasta ahora, todas las posibilidades de diálogo con el Ejecutivo Nacional después de años de informarle debidamente lo que sucede en Perijá desde nuestra experiencia y desde la voz de las comunidades.
Mientras hicieramos silencio los planes de “ayuda” de los ministros de marras, seguirian obrando con la ya evidente intensión de dividir a las comunidades, incluso a costa de lesionar su cultura ancestral y quebrar o criminalizar la resistencia.
Tal es la madeja de complicidades y la gravedad de las conspiraciones, los crímenes cometidos, tal es la agenda del genocidio, que solo tiene salida con una victoria popular y de las comunidades indígenas expresada en una rectificación honrosa por parte del Presidente de la República, con la destitución de todos los funcionarios altos y medios involucrados, incluidos los ministros del Ambiente, del Interior y justicia y de Pueblos Indígenas y la devolución del poder de autodemarcación a las propias comunidades cumpliendo la ley cabalmente. Aún así no pedimos grandes victorias, esa sería una mínima garantía de justicia para las comunidades.
Convocamos a los luchadores sociales de todo el país a seguir movilizados en favor de la esperanza de justicia y soberanía popular, que Sabino sea un ejemplo para todos de consecuencia y dignidad, no el ejemplo del miedo que nos quieren enseñar desde el poder. Que no se traicione la esperanza, la lucha y la movilización son la única garantía soberana.
Tierra indígena, sin minas, sin hacendados y sin mafias burocráticas,
Libertad para Sabino y los demás yukpas secuestrados por el Estado-Gobierno.
Hacia la gran Caravana por la Tierra y la Dignidad de los Pueblos
SABINO SOMOS BASTANTES
Sociedad Homoetnatura
