La política indígena del Estado-gobierno debe estar en sintonía con el normal desarrollo de las políticas minero energéticas del país y con la construcción de todo el andamiaje necesario para extraer, transportar, embarcar y desembarcar dichos minerales y todos los combustibles fósiles que están en el subsuelo de los bosques, ríos, lagos y sabanas, donde habitan los distintos pueblos indígenas. En estos espacios de aguas y tierras indígenas, de pescadores o campesinos se construirá toda la parafernalia industrial cívico militar expresada en carreteras, puentes, puertos, vías ferroviarias, gaseoductos, cabrias, represas, estaciones, plantas termoeléctricas, fibras ópticas, tendidos eléctricos, ciudadelas, puestos o bases militares, entre otras cosas que nos llevarán a ser un país potencia. Este modelo nuevo/viejo de desarrollo es la base del discurso electoral del Gobierno pero al mismo tiempo de la oposición. Es decir, el discurso oficial y de oposición nace de un mismo modelo mundial de desarrollo y de consumo de energía fósil. Del modelo en razón se desprenden las cinco líneas estratégicas concebidas en las oficinas, reuniones y convenciones de la IIRSA y el Plan Puebla Panamá o Mesoamericano.
De ser verdad lo antes dicho, entonces los pueblos indígenas son la real piedra de tranca de esta política, de este modelo de desarrollo, mas no los obreros o los habitantes de los barrios, o clase media. Son los indígenas en Venezuela y en América la vanguardia de las luchas del Siglo XXI. Para estos tres sectores nombrados, posee el Gobiernos las políticas asistencialistas, las dádivas y puestos de trabajos fabriles, metalmecánicos y la burocracia cívico militar policial necesaria para su normal funcionamiento aduanal, administrativo, de seguridad y control.
Los pueblos indígenas y la naturaleza son los obstáculos para el normal funcionamiento de este modelo. Los pueblos y comunidades indígenas son un estorbo para este modelo de desarrollo, tal como ayer lo fueron para españoles y portugueses. Por esta razón, existe la necesidad del Ministerio Indígena de blanquearlos e integrarlos a la Revolución. Para los hombres del Gobierno lo que está dentro del modelo y de su funcionamiento normal es revolucionario, todo lo otro por oposición lógica es contrarrevolucionario o en todo caso sospechoso; pues lo que sí es cierto es que lo que no están en el diseño o esquema de esta política extractivista cívico militar son enemigos de la Revolución, desde allí se entiende la posición del Vicepresidente actual de la Republica Jorge Arreaza al afirmar sin que la voz lo traicionara: “Nosotros con mucho respeto siempre, pero consideramos como una reflexión lógica, una reflexión también de sentimiento y dignidad que aquel miembro de un pueblo indígena que no tiene la claridad de no estar con la Revolución Bolivariana es prácticamente un traidor a su pueblo, un traidor a su comunidad” (Video VTV, 06 de Abril de 2013). Da miedo tanta imposición y sectarismo gubernamental. Ser indígena digno Señor Arreaza es poseer una ética y una cosmovisión practicada con miras al futuro desde lo ancestral y en defensa del hábitat y territorio único. Lo indio es pensamiento y lengua no indoeuropea. Este pensamiento gubernamental viola la conformación de nuestra nación pluricultural, multiétnica y multilingüe, plasmados además como derechos en nuestra Constitución.
Desde este razonamiento, resultaría entonces contrarrevolucionario y un desamor a la patria el pronunciamiento de “las organizaciones indígenas del estado Amazonas (COIAM) sobre la Política Minera del Gobierno Nacional y los Planes Estatales que afectan los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas”, o consumados traidores los dirigentes y las comunidades indígenas Pemón que detuvieron y sacaron de sus territorios a jefes y efectivos del Ejército por realizar actividades depredadoras extractivistas, o los Wayuu del Socuy y la Sociedad Homo et Natura por oponerse sostenidamente a la explotación del carbón y a la construcción de plantas termo o carboeléctricas, a Puerto América o Puerto Bolívar, como una vez lo señaló el saliente Presidente de Corpozulia, General Martínez Mendoza, hoy Embajador de Venezuela en Argentina.
El objetivo de este Ministerio es etnocida, en cuanto debe ser blanqueado el indígena, reseteado, recodificado, uniformado en rojo, y hasta por ley puede ser minero y dueño de una cooperativa extractivista, más nunca como Sabino. Se trata al indígena como si fuese campesinado pobre, en cuanto a los títulos de tierra entregados, en materia de vivienda, salud, consejos comunales, aplicación de la ley ordinaria, créditos agrarios tal como se hacía en la cuarta república. Sus derechos colectivos como pueblos o naciones indígenas están reconocidos, pero no se le permite ejercer dichos derechos, como el derecho a la libre determinación, a la autonomía o auto gobierno, a regirse por sus derechos propios o consuetudinarios, a poseer territorios saneados de terceros y mineros y no parcelas agrarias, a hacer uso exclusivo de sus recursos, entre otros derechos escritos aceptados y respaldados por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, o la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Camaradas no debéis asombrarnos del mando de Nicia al frente de la Misión Guaicaipuro, siendo el Guaicaipuro de hoy, Sabino, directamente criminalizado y combatido por esta ex ministra, ni de su regreso al Ministerio Indígena, es que todo el Ejecutivo es Nicia Maldonado. Como tampoco debemos asombrarnos que no aparezcan los autores intelectuales de la muerte de Sabino, y de los otros hermanos Yukpa asesinados por el sicariato ganadero/parcelero. Se comenta en Machiques que hay mucho dinero en mesa.
