El Tribunal Militar decidió darle régimen de presentación, cada 20 días, a tres de los cuatro capitanes indígenas imputados por delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Arma Nacional y ataque al centinela. Los voceros son acusados de presuntamente participar en la agresión y desarme contra castrenses acontecidos en octubre de 2011 en La Paragua, municipio Angostura.
Los líderes que obtuvieron el beneficio son Norberto Pinto, de la comunidad Kurun Pupai; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; y Ramón Mujica, de Karunken, mientras que Alexis Romero, capitán de la comunidad Musuk Pa, sigue recluido en el Internado Judicial del estado Monagas, mejor conocido como cárcel de La Pica.
El dirigente indígena, Ricardo Delgado, informó ayer que obtuvieron el beneficio debido a que ninguno de ellos estuvo presente al momento del desarme de los efectivos militares, pero a cambio les pidieron que identificaran a los participantes en la acción contra los efectivos de los cuerpos castrenses, y así lo hicieron en la citación.
Romero tampoco estuvo presente al momento del acontecimiento, sin embargo, este líder indígena no fue sometido a ninguna citación e interrogatorio, sino que fue enviado directamente a la cárcel.
“Yo respeto la patria y sus leyes pero no vamos a aceptar corrupción en La Paragua para que los militares ejerzan la minería ilegal”, dijo Delgado.
Puntualizó que representantes de la Gobernación del estado Bolívar han amenazado y chantajeado a todos los nativos que desde el viernes, cuando detuvieron a Romero, han estado protestando por la liberación de sus líderes.
Por los acontecimientos que vienen sucintándose desde octubre los integrantes de estas comunidades están indignados. Se preguntan qué está pasando con los derechos indígenas y temen que sean desalojados de sus urbes. “Los militares sí practican la minería ilegal en La Paragua y nos están apartando de lo que nos pertenece”, señaló José de Sousa, habitante de Musuk Pa Odai.
Negocio del oro
El ex alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, manifestó que con la retención de los aborígenes, el Gobierno desnuda sus verdaderas intenciones en lo referente al acuerdo de delimitación y demarcación de tierras indígenas, “de los cuales nuestros pueblos originarios tienen derechos exclusivos, incluso el de establecer y juzgar a sus miembros bajo sus propias normas”.
Aseguró que el Ejecutivo nacional busca controlar “el jugoso negocio del oro que tienen los funcionarios comprometidos con este Gobierno”.
