Por: Unidad Socialista de Izquierda-Partido Socialismo y Libertad
En las últimas semanas, el cacique yukpa Sabino Romero y la comunidad de Chaktapa han sido víctimas de una campaña de difamación por parte de voceros de Gadema (el gremio ganadero de Machiques) y medios de comunicación regionales como «La Verdad», quienes acusan a Romero de robar ganado a los ganaderos y parceleros que actualmente ocupan territorios indígenas en Perijá. En los últimos días, los ganaderos y parceleros han amenazado directamente la vida de Sabino y sus hijos. Alertamos al pueblo venezolano acerca del desarrollo de esta campaña que busca aterrorizar a los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá, para que desistan de su empeño de ver concretado el derecho a la autodemarcación territorial, establecido en la Constitución. Tanto los cabecillas de Gadema como importantes sectores del gobierno nacional están interesados en que los pueblos indígenas se disciplinen a una demarcación parcial, que no reconozca plenamente sus derechos territoriales, y por eso desde hace años han desatado la persecución contra el principal vocero de la lucha por una autodemarcación sin interferencia de ganaderos, militares o burócratas.
El 13 de octubre de 2009, Sabino Romero fue víctima de un atentado, del que salió herido con dos balazos en la espalda. Este atentado fue precedido por una campaña sucia en la que se lanzaron las mismas falsas acusaciones de abigeato en su contra. Luego de sobrevivir al atentado, en el que murieron dos de sus familiares, Sabino fue sometido a un montaje judicial por parte del gobierno, que lo llevó a estar encarcelado por un lapso de año y medio, convirtiéndose junto con Alexander Fernández en los dos primeros presos políticos indígenas del actual gobierno. A mediados de este año, Romero fue absuelto por la jurisdicción ordinaria y por la jurisdicción indígena de todos los cargos en su contra. Nunca se presentaron cargos por abigeato, quedando demostrado que se trataba de una coartada fabricada para justificar el atentado del que fue víctima. Hoy se repite el mismo libreto, y las vidas de los miembros de la comunidad de Chaktapa corren peligro.
El gobierno nacional es responsable de todos los conflictos que se derivan de su decisión política de no reconocer los derechos de los pueblos indígenas al territorio, establecidos en la Constitución. Es responsable de que pequeños parceleros, manipulados por los gremios ganaderos vinculados a la MUD, se enfrenten con los pueblos indígenas. La realidad es que el gobierno se niega a realizar una reforma agraria que favorezca a los pequeños campesinos, y de igual forma pisotea los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto cualquier enfrentamiento entre indígenas y campesinos es una consecuencia de la política del gobierno. Además, existen intereses mineros en la zona que llevan al gobierno a orientar sus acciones hacia el debilitamiento del movimiento indígena, para no reconocer sus derechos territoriales. Por todo esto, responsabilizamos políticamente al gobierno nacional por cualquier atentado que pueda sufrir Sabino Romero o cualquier miembro de su familia. También responsabilizamos a Gadema, vinculada a los partidos de la MUD, y a los dirigentes parceleros vinculados al Psuv, quienes son los responsables directos de esta campaña sucia de calumnias y amenazas contra la comunidad yukpa de Chaktapa y en particular contra Sabino Romero.
Exigimos la inmediata intervención de la Fiscalía en el caso, para que investigue la campaña de difamación adelantada por Gadema a través del diario regional «La Verdad», y para que dicte medidas de protección en favor de Sabino Romero y su familia. Asimismo, emplazamos al gobierno nacional para que ejecute de manera inmediata el pago de las bienhechurías de los campesinos que ocupan territorios indígenas, para proceder a restituir los territorios a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas. Por último, exigimos que se reconozcan legalmente y de manera inmediata todos los territorios indígenas autodemarcados por las comunidades, pues ésta es la única salida justa al conflicto por tierras en Perijá.
