La desproclamación de los diputados electos por el estado Amazonas para la representación indígena, se convierte en una nueva violación de los derechos humanos, así lo afirmó el profesor Vladimir Aguilar, director del Cepsal y coordinador del GTAI, pues en su opinión esa decisión del TSJ, a través de la Sala Electoral, de inhabilitar la elecciones de los tres diputados indígenas es violatoria, no solamente del derecho a la participación política de los pueblos indígenas en el parlamento nacional, sino que atenta contra la no discriminación que está contemplada en el Artículo XXI de la CRBV.
Dijo el experto en materia indígena, que se están afianzando en un recurso de violación de derechos humanos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la no discriminación, recordó que el derecho a la participación política es un derecho humano fundamental y así como el derecho a la información, el cual también se ha violado pues los diputados indígenas no saben todavía porqué han sido desproclamados.
Frente a esta situación, la defensa de estos diputados está intentando una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento sobre este desacato constitucional y la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque todos los derechos indígenas son derechos humanos y el Estado Venezolano está en la obligación de garantizar la no discriminación en condiciones de igualdad a los pueblos y comunidades indígenas, explicó Aguilar, quien agregó que el grupo que dirige sigue apoyando y asesorando a las organizaciones indígenas para que se les garanticen sus derechos.
Señaló que en el caso específico del dirigente indígena del pueblo Yabarana de Amazonas, Benjamín Pérez, este ha sido objeto de amenazas por parte de mineros ilegales, quienes han contado incluso con la connivencia de autoridades militares de la región amazónica lo cual es expresión de la ausencia de representación parlamentaria en la Asamblea Nacional pues este vacío de representación política coadyuva a que estos dirigentes estén desprotegidos porque no hay instancias a las que se pueda denunciar la persecución y las amenazas a la que son sometidos. En el caso de Benjamín Pérez, han exigido algunas medidas de protección a través del Programa de Acción de los Derechos Humanos Provea. (Prensa ULA, María Pérez)
