Reyna Josefina Uarichi
. Cacica del Centro Piloto Tocuco al que están vinculadas 62 comunidades y quien sería la responsable del juicio a Sabino Romero y Olegario Romero dijo:«Nosotros vinimos a pedir la jurisdicción al tribunal.A mi no se me respetó. Me deberían representar al igual que Luisa Estela Morales. A nosotros se nos deben de respetar nuestras leyes. Lo que se hace en la comunidad se resuelve allá mismo. Venimos aquí no solo por quienes estuvieron presos sino por los futuros.Estamos aquí por el futuro del pueblo indígena».
Adixu Chuchu,Cacique Comunitario de Icaca, reiteró:
«Venimos a explicarle a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para que respete las leyes yukpas. El presidente Chávez dice que respeten a los indígenas. Para eso estamos aquí. Para que se haga cumplir la constitución. Si los jueces no respetan están faltando a la Constitución».
Los representantes de las comunidades indígenas que asistieron ante el Tribunal Supremo de Justicia insistieron una vez más en que la Constitución debe respetarse y que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero deben ser juzgados bajo las leyes de las comunidades indígenas a las que pertenecen.
Lusbi Portillo, activista de derechos humanos de la organización no gubernamental Homo et Natura explicó recientemente el caso de Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera:
«Sin prueba alguna se le acusa a Sabino Romero de abigeato, de violador, de guerrillero, se comienza una campaña mediática en su contra por parte de los ganaderos acompañada de visitas permanentes a su comunidad por parte del Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana en el año 2009. Tal como se hizo entre los años 2002 al 2004 cuando Sabino ocupó por vez primera la hacienda Tizina, cuyo desenlace fue la retoma de la hacienda Tizina por parte de sicarios pagados por los Vargas, en especial por Guillermo Vargas presunto propietario de la hacienda Tizina. Sabino y su gente fueron expulsados de sus tierras recuperadas por la violencia ganadera, mientras las instituciones del Estado con competencia en el caso se mantenían indiferentes»
