Según reporta Correo del Caroní durante una asamblea general, los mineros de la parroquia El Manteco, rechazaron categóricamente el procedimiento violento de los militares del Plan Caura, asegurando que se abusó de su estado de derecho y de su propiedad privada durante el desalojo de las minas Parapapoy y Supamo.
Los explotadores de oro resaltando que estos lugares -por decreto presidencial del año 2004-, son tierras que cuentan con los permisos para la exploración aurífera y no entran en las regulaciones del referido plan.
Según los cooperativistas, el desalojo originó el desplazamiento de un aproximado de 4 mil personas, luego de ser despojadas de sus pertenencias, la destrucción de la maquinaria de trabajo y el supuesto decomiso del oro obtenido durante los días previos.
Medidas “injustificadas”
A un lado de la plaza de El Manteco, más de 300 mineros se congregaron, para debatir las medidas a tomar, sobre la situación de desalojo considerada por ellos como “injustificadas”.
La principal molestia de los trabajadores son las acciones violentas de los funcionarios castrenses, quienes destruyeron sus pertenencias y los dejaron sin un bolívar fuerte, para regresar.
También se escucharon los testimonios de varios perjudicados, sobre el modus operandi de los efectivos militares.
Luis Almeida, vocero, relató que desde el viernes se inició el proceso de desalojo, pero con la ausencia de funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Mineras (Mibam) y un fiscal del Ministerio Público.
“Ellos procedieron de forma violenta, destruyeron los equipos de cuatro cooperativas legalizadas. Rechazamos la arremetida contra la propiedad privada que se dio en la mina. Esa zona no corresponde al Plan Caura, porque esta es un área controlada por Mibam”, aseguró Almeida.
Fuera del Plan Caura
Los afectados alegan que las zonas de trabajo que ellos ocupan no corresponden a las estipuladas para el Plan Caura, como lo son las cabeceras de los ríos Caura, Caroní y Paragua y sur del estado Bolívar.
Los trabajadores del oro esperan hacer llegar sus reclamos al alto Gobierno y exigen respeto a la propiedad privada y a la integridad física.
“No estamos practicando minería ilegal y si incurrimos en un delito, es por la falta de presencia del Estado. Hemos cumplido con los requisitos de ley, pero el Mibam no ha dado respuestas a todos los permisos”, aseguró Almeida.
Alejo Bermúdez, afectado, sostiene que no están en desacuerdo con atacar a la minería ilegal, pues en la zona existen muchos extranjeros sin documentación que hacen la mayor explotación, mientras ellos pagan impuestos, cumplen con las exigencias del Estado y cuentan con derecho de explotar de forma artesanal, por ser venezolanos. En tal caso responsabilizan al Gobierno por las acciones que los puedan perjudicar.
“Ellos dijeron que venía este lunes y los militares debieron esperar hasta este lunes para hacer la incursión. Nosotros aceptamos su presencia, porque creemos en el estado de derecho y la presencia del Gobierno”, afirmó.
Datos auríferos
Más del 80% de la población de El Manteco vive de la explotación minera. Existen 47 cooperativas reglamentadas para los trabajos auríferos y los retrasos existentes en los permisos son presunta responsabilidad del Mibam, según denuncian los mineros. (Carlos A. Monsalve, Correo del Caroní, 10.05.10, http://www.correodelcaroni.com/content/view/152618/149)
El 4 de febrero de 2004, por decreto presidencial, se permitieron más de 20 mil hectáreas para la explotación minera.
