Sesenta ex trabajadores de la Alcaldía de Piar, en su mayor parte empleados de la gestión de Cruz Francisco Contreras, recibieron ayer el pago de sus prestaciones sociales después de cuatro años en espera del beneficio. Según el alcalde Gustavo Muñiz, querellas en la Inspectoría del Trabajo y en los tribunales impidieron una rápida cancelación.
El burgomaestre manifestó que hasta la fecha se ha cancelado la cifra de 2 millones 886 mil 931 bolívares en pasivos laborales, que incluye, también, a trabajadores de la gestión de Américo De Grazia. Comentó que cuando tomó control del Ayuntamiento, el municipio tenía 16 demandas laborales y, en la actualidad, restan 2 y ambas están en proceso de acuerdo.
“Teníamos 33 casos en Inspectoría de los cuales nos quedan 10, pero con la disposición política y financiera para solventarlas”, dijo.
Expresó que la cancelación no sólo corresponde a empleados y obreros de la Alcaldía, sino también de los entes descentralizados como: Cuerpo de Bomberos, Fundación Social Piar, Consejo Municipal del Derecho y Fundación Yocoima.
“Al ex alcalde Cruz Francisco Contreras también le estamos cancelando 6 mil 915 bolívares, y este monto se debe ya que él, en ejercicio, se adelantó a sus prestaciones. Ya con estos pagos esta institución queda casi al día, y llegaremos al momento que cualquiera de nosotros salga de aquí y se tendrá a más tarda un mes de pagar las prestaciones”, consideró.
Adaptación a la Lottt
Muñiz destacó que gracias a su gestión, en Upata se instaló una oficina del Ministerio del Trabajo para atender todos los casos de los trabajadores públicos y privados, así como las inquietudes de los patronos.
Con respecto a la nueva Lottt, indicó que los directores labores de las diferentes dependencias del Gobierno municipal vienen realizando talleres de formación, para aplicar en toda su esencia el instrumento legal. Se estableció el 31 de diciembre como lapso para las evaluaciones financieras que permitirá la incorporación a nómina de todos los contratados; sin embargo, aclaró que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que no se puede destinar más del 50 por ciento del presupuesto en personal, porque debe quedar suficientes recursos para inversión en infraestructuras y servicios.
“Vamos a hacer lo imposible para que la mayoría queden fijos y se elimine por completo la tercerización”.
Agregó que las cooperativas que se encargan de labores de mantenimiento contratan de manera directa con la Alcaldía, y entre los requisitos que se le exigen es tener la documentación al día, y estar inscritas y solventes en el Seguro Social. (Carlos Alberto Ascanio, Correo del Caroní, 15.06.12)
