Unas pocas instituciones del Estado se han movilizado para atender el caso de los ochos despedidos de Ferrominera Orinoco (FMO), quienes desde el 14 de mayo pernoctan a las afueras del portón I de la estatal exigiendo la restitución de sus puestos de trabajo.
Encadenados, con sus esposas e hijos, los trabajadores con hasta 33 años de experiencia en la operadora de mineral de hierro, esperan que la Inspectoría del Trabajo se pronuncie sobre los despidos injustificados.
Hace 10 meses les suspendieron el salario y, según sus esposas, allí comenzó todo el calvario: deudas, deudas y enfermedad. (Correo del Caroní, 23.05.12)
