Colchonetas, cartones y una docena de pancartas son las indumentarias de los ocho trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que, este viernes, cumplieron tres días en huelga de hambre en contra del sistema autogestionado de salud implementado en la acería.
La manifestación es una respuesta a lo que califican como una imposición del Ministerio de Industrias Básicas y Socialistas que, el pasado 21 de mayo, notificó a través de una circular que el Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas (Fasmibes) sustituiría la póliza de salud con Seguros Horizonte.
Los protestantes son parte del movimiento oficialista Alianza Sindical que, desde la implementación del nuevo sistema, han reclamado al ministro de Industrias, Juan Arias, que permita la discusión y la reconsideración de la medida que violenta la cláusula 100 del contrato colectivo.
Aunque la convención colectiva no es un documento público (porque el Gobierno lo firmó por partes), ni tampoco ha sido homologado, el secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) y líder de Alianza Sindical, José Meléndez, ha reclamado la imposición hasta en la Vicepresidencia de la República.
El dirigente de la comisión de salud y parte del equipo de Meléndez, Frank Oliveros, reclamó que son más de 80 mil los familiares afectados por la medida; especialmente porque desde el mes de junio han sido desincorporados del sistema de salud la mayoría de la carga familiar de los empleados, entre ellos hijos y nietos.
La tarde de este viernes Oliveros atribuyó a la protesta la activación de la red de farmacias Farmahorro a disposición de los sidoristas. Entretanto, el reclamo se mantiene en el Edificio Administrativo I de Sidor.
Investigación
Cada corriente del comité ejecutivo de Sutiss ha reclamado el regreso de la póliza de salud, tal y como funcionaba de acuerdo al pliego de peticiones consensuado por el sindicato.
El miércoles, por ejemplo, el secretario de trabajo y reclamo, Leonardo Azócar, dirigente del Frente Independiente Laboral (FIL) solicitó ante el Ministerio Público investigar a la empresa VidaMed, que obtuvo el contrato de plan de salud y que en el Registro Nacional de Contratistas está inhabilitada para contratar con el Estado.
Los dirigentes responsabilizaron a Adriana Sulbarán, quien aseguran fue asesora de seguros del Ministerio de Educación y facilitó el ingreso de la empresa aseguradora Pronto para administrar el seguro de todos los docentes del país.
“En la actualidad el dueño y director del grupo Pronto, Iván Otero (socio de Sulbarán), está prófugo de la justicia y fuera del país, mientras que la compañía Pronto está bajo un procedimiento administrativo por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora”, señaló Azócar.
El secretario de reclamo aseguró que Sulbarán fue presidenta de la junta administradora de Seguros Federal durante los últimos cinco años, hasta finales de febrero del presente año. “Al tomar el cargo de presidenta en su oportunidad, lo primero que hizo fue contratar al grupo Pronto para que se encargara de la administración y liquidación de los siniestros de Seguros Federal y de esta forma se tercerizó una actividad que le debía corresponder directamente a la empresa de seguros”, prosiguió el vocero sindical.
Actualmente Seguros Federal está técnicamente en la ruina, con un margen de solvencia muy por debajo del mínimo requerido y una deuda, indicó, de casi 2 mil millones de bolívares.
“Al igual que el grupo Pronto, el grupo VidaMed se presenta como una administradora de planes de salud, con irregularidades legales y vicios aún mayores que el grupo Pronto (…) La empresa VidaMed es una administradora de planes de salud que está ejerciendo actividad aseguradora sin autorización de la superintendencia de la actividad aseguradora”, insistió.
FIL solicitará la anulación del contrato y la intervención de la Contraloría General de la República.
Correo Del Caroní
