El sindicato de Pdvsa Gas Comunal reiteró este domingo una serie de denuncias relacionadas con las condiciones y medio ambiente de trabajo como la falta de la dotación de implementos.
Los dirigentes sindicales también expresaron sus críticas al desempeño de la gerencia estadal de la empresa por las irregularidades en torno al servicio de la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Asimismo no dejaron de mencionar las acciones antisindicales de la empresa, que amparado en un fallo judicial, ha logrado restringir el derecho a la protesta en las plantas de Pdvsa Gas Comunal.
Alexis Poriett, secretario de Organización, precisó que los trabajadores realizan sus labores en la planta sin la dotación pertinente en cuanto a implementos de seguridad.
“No cuentan con extintores, las unidades que operan tienen los cachos lisos y desperfectos mecánicos, y también hacen falta los cilindros para estas unidades”, detalló.
Asimismo, en nombre de la organización sindical denunció a la gerencia estadal, dirigida por César Caro, por la mala administración en la distribución de GLP, debido a la eliminación de la venta de gas en Koma, lo que “crea un caos y un problema mayor, porque se avecinan las clases, la época decembrina, donde habrá mayor demanda; y en virtud que las unidades están dañadas y no hay cilindros suficientes, aunado a que las comunidades no cuentan con suficientes centros de acopio… se puede crear más escasez”, predijo.
“Los responsables son los de la gerencia estadal, y no los trabajadores como lo hace creer este señor (César Caro). Hoy estamos el Frente Laboral Comunitario, conjuntamente con el consejo Socialista de Trabajadores y los diferentes sindicatos que representan Upata, Ciudad Bolívar, San Félix y Puerto Ordaz reclamando y dándoles alternativas a la solución de distribución de gas”, agregó el dirigente sindical.
En este sentido, hizo un llamado a Pdvsa Gas Comunal a tomar en cuenta los aportes de los trabajadores para contribuir en la solución de los problemas vinculados a la distribución del gas doméstico.
Por otra parte, Poriett hizo mención a la medida cautelar la cual les restringe la libertad sindical, e impide a los trabajadores organizarse para ejercer la protesta pacífica como forma de reclamo.
Fallos como este son recurrentes en los tribunales laborales de Ciudad Guayana, y se inscriben en una sostenida política de criminalización de la protesta, denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de sindicatos y ONG.
Derechos cercenados
Poriett hizo mención de la violación al derecho laboral practicado en la empresa, especificando los casos de los trabajadores Julio César Brito y Marcelino Cova, quienes desde hace dos años y tres meses, respectivamente, no se les permite ejercer sus funciones en la planta, lo cual califican como un despido indirecto.
“Están bajo un proceso violatorio de derecho laboral, lo cual les impide el acceso a su trabajo normalmente”, agregó, razón por la cual rechazan también la mala gestión de la Inspectoría del Trabajo, por la negligencia que ha tenido en este caso.
“Son trabajadores que reclaman nuestros problemas”, puntualizó.
Protestar no es un delito
De acuerdo con el artículo del coordinador general de Provea, Marino Alvarado, La huelga no es delito, ningún trabajador en Venezuela debería ser encarcelado por hacer huelga o paro.
Sin embargo, la realidad es otra. Refiere que al menos 150 sindicalistas son sometidos a juicio penal, y algunos llevan seis años bajo régimen de presentación.
En Ciudad Guayana existen 72 casos de sindicalistas que están bajo régimen de presentación por protestar.
Pdvsa Gas Comunal no ha escapado a esta realidad.
En el trabajo publicado el pasado 22 de julio de 2012 por este medio, se hizo referencia a esta empresa cuando se propuso modificar la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios, con la cual seis trabajadores fueron acusados de “boicot”, y procesados en 2009, debido a la protesta que realizaron en Valles del Tuy.
“Además de la modificación de dos artículos de la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios, las organizaciones no gubernamentales pidieron la derogación de los párrafos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación y el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento y el Boicot, los cuales penan y restringen el derecho a la protesta”, reseñó Correo del Caroní. (Jhoalys Siverio, Correo del Caroní, 09.09.13)
