«Sirva la presente para saludarle y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones, igualmente deseo hacer de su conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de programador».
Así comienza la carta que Miguel Ángel García Belandria entregó a la Gobernación de Mérida el 29 de julio de 2010.
García Belandria comenzó a trabajar en esa institución el 15 de agosto de 2006 como programador de la Unidad de Control de Gestión (UCG), donde pasó tres años «sin ningún problema». Fue en noviembre de 2009 cuando el jefe de la UCG, coronel Pedro Guerrido, le solicitó un informe explicativo sobre su no participación en las primarias del PSUV.
El trabajador denunció en el informe la «violación clara de los principios éticos y legales que buscan cualquier vinculación política con la administración pública», tal como lo establece el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y la vulneración de su libertad de asociación política, consagrada en el artículo 67 de la Constitución, al imponerle «por medio del amedrentamiento y el chantaje una participación política».
Inmediatamente, García Belandria fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. «A mí no me contrataron para eso, esa no era parte de mi trabajo. No me podían botar porque tenía más de cinco contratos y, legalmente, debían darme el cargo fijo desde hacía más de un año», expresa.
Y AHORA «MAISANTA»
Poco tiempo después, el departamento de Recursos Humanos le asignó un cargo en la Comisión de Servicios para el Plan PADRE (Plan de Desarrollo Acelerado de la Región), en el cual el ingeniero José Gregorio Vielma, representante de la estatal petrolera, le solicitó la instalación del software informático «Maisanta», destinado a revisar si los trabajadores habían firmado contra el presidente Chávez en el referéndum revocatorio de 2004.
El programador se negó a llevar a cabo esa acción, pues asegura que se estaba violando el artículo 350 de la Constitución que prescribe que el pueblo venezolano «desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos». Una vez más, fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos.
DESPIDO INDIRECTO
El 9 de junio de este año, el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Mérida solicitó los servicios de García Belandria, quien estuvo más de un mes sin recibir respuesta y con la obligación de seguir cumpliendo su horario de trabajo.
«Pasaba los días sentado en una silla del pasillo sin hacer nada. Era un puesto de trabajo inexistente. Tenía que pagar entre 15 y 20 bolívares al día en estacionamiento, así que me salía más caro ir a trabajar que quedarme en mi casa», manifiesta.
García Belandria reitera que, como no podían despedirlo, hicieron todo lo posible para que fuera él quien renunciara. «El fin de ellos era que me obstinara y me fuera; fue un despido indirecto. El sueldo era una miseria, así que no valía la pena que me tragara mi orgullo», añade. (Patty Fuentes, 08.09.10, http://talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=40336&secid=28)
