hospital central de san cristóbalUn grupo de trabajadores del Hospital Juan de Dios Martínez de Caja Seca, en el municipio Sucre del estado Zulia, denuncian ser víctimas de despidos injustificados en esa institución dependiente de la Gobernación.

Por su parte, Luz Marina Viloria, aseguró que el pasado lunes fue notificada de su despido sin ninguna justificación, alegando que con las más recientes destituciones ya son alrededor de doce las personas que han perdido sus puestos de trabajo, debido a situaciones netamente políticas

Según lo dicho por Johana Camejo, quien se desempeñaba como asistente en el banco de sangre del referido hospital, el pasado 10 de mayo fue notificada de su despido sin ningún tipo de justificación, pues al parecer solo le dijeron que ella se encontraba en una lista que recibieron desde Maracaibo.

«A mí me llamaron y me dijeron que estaba despedida, yo exigí una explicación, si era que yo había faltado y me dijeron que no, que estaba despedida porque estaba en una lista que había llegado de Maracaibo, pero resulta que la gente del sindicato fue a Maracaibo y allá no hay ninguna lista, esos son despidos que está haciendo la gente del Psuv aquí en Sucre, específicamente Herminia Basabe y Humberto Franka», sentenció Camejo.

Doce personas

Por su parte, Luz Marina Viloria, aseguró que el pasado lunes fue notificada de su despido sin ninguna justificación, alegando que con las más recientes destituciones ya son alrededor de doce las personas que han perdido sus puestos de trabajo, debido a situaciones netamente políticas.

«Yo tengo muchos años trabajando aquí como portera, cómo es posible que nos boten así nada más, sin respetar la inamovilidad laboral ni los compromisos que hizo el gobernador Arias cuando ganó las elecciones de que no se iba a meter con los obreros».

Explicó que dentro de la institución de salud hay personas que no cobran sueldo desde el pasado mes de noviembre y que ahora han sido despedidos sin reconocérseles nada de lo que les adeudan.

Señaló que las personas afectadas se trasladarán hasta la Inspectoría del Trabajo en la localidad de Bobures, a fin de solicitar el respaldo legal necesario, siendo este un nuevo caso de persecución y hostigamiento laboral por situaciones políticas.(Pedro García, Los Andes, 23.05.13)

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