Los trabajadores universitarios de todo el país, podrían perder entre un 30 y 60% del monto total de sus prestaciones sociales, debido al nuevo instructivo emanado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para el cálculo de las mismas.
La advertencia fue realizada por el coordinador del Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las universidades nacionales, Arnaldo Escalona, quien explicó que la OPSU tomó una sentencia emanada por la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, como directriz central para este nuevo reglamento el cual establece que los intereses de las prestaciones sociales deben ser calificados como “moratorios”, lo que significa que los mismos no pueden ser capitalizables al monto total del patrimonio de cada uno de los trabajadores del sector
“En términos generales, la sentencia abre lugar a dos interpretaciones distintas: Hasta ahora, el procedimiento en las universidades nacionales consistía en que, al momento de la jubilación, el funcionario devengaba intereses sobre el monto de sus prestaciones sociales a la tasa promedio pasiva del país. Con la nueva interpretación, pasarían a ser intereses de mora y por ende, no capitalizables”, detalló.
Recordó que una situación similar sucede con la deuda de las universidades que tuvieron transferencia de régimen en el año 2001, porque según el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, el ejecutivo nacional debía cancelar dicha deuda dentro de los cinco primeros años de la transición; de no ser así, la misma devengaría una tasa de interés promedio (activa + pasiva), pero a partir de esa fecha, los intereses pasarían a ser capitalizables.
“Con base a la sentencia 434 del TSJ que fue emanada en un caso particular de una empresa privada con uno de sus trabajadores, ahora se interpreta que esos intereses son de mora y no producen capitalización”, expresó.
Adicionalmente la autoridad universitaria expresó su preocupación debido a que el ejecutivo nacional aseguró que pagaría la deuda con “petrobonos” y los mismos al ser colocados en el mercado para su venta, igualmente pierden su valor, lo que podría incrementar el porcentaje de pérdida del monto total del patrimonio de los trabajadores.
“Con base a todo lo expuesto, solicitamos muy respetuosamente a la Presidencia de la República, al ministerio de Finanzas, al CNU, al ministerio para la Educación Universitaria y a la OPSU dejar sin efecto los instructivos correspondientes al año 2012, publicados en la página web de la OPSU en fecha 07 de enero, y que los cálculos se realicen con base a los lineamientos del instructivo del año 2007, el cual se apega estrictamente a la Constitución, a la LOT y a las convenciones colectivas vigentes”, exhortó.
Escalona indicó que el gobierno debe tomar las recomendaciones como un acto de justicia con todos los trabajadores universitarios venezolanos, incluso con aquellos que han fallecido esperando ver compensados sus años de dedicación al trabajo con un capital para ayudarles en su vejez.
Finalmente el núcleo de vicerrectores solicitó con cáracter de urgencia una reunión con la ministra, Yadira Córdova, a los fines de buscar soluciones concertadas a la problemática planteada. (Juan Carlos Salas, El Impulso, 20.01.12)
