Sobre la base de la información aportada por las organizaciones sindicales, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, determinó que el gobierno se ha negado a cumplir órdenes de reenganche y pago de salarios caídos en perjuicio de más de 5.000 trabajadores del sector público.
Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de Provea, explicó que cuando se viola la inamovilidad laboral y el trabajador despedido reclama ante la Inspectoría del Trabajo, no encuentra amparo, pues se le considera funcionario público que debe resolver la controversia en tribunales contencioso funcionariales.
«Las inspectorías no están procesando los reenganches. Ello viola las garantías establecidas en la nueva Ley del Trabajo e implica un proceso judicial largo, engorroso y costoso, pues el afectado requiere asesoría jurídica», precisó la activista.
Distinto se procede con el sector privado, prosiguió Hermida: «Por lo general los reenganches y pagos de salarios caídos se ordenan de inmediato y, adicionalmente, se envía a un funcionario a la sede de la empresa para que verifique el cumplimiento de las órdenes». (El Nacional, 01.05.14)
La situación empeora con el aumento de la nómina de la administración pública. Entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, la burocracia estatal se incrementó 5,4%, mientras que en el sector privado la nómina aumentó 1,6%. En los últimos 13 años el personal al servicio del Estado creció 108,5% al pasar de 1.285.523 trabajadores a 2.680.498 empleados. El ramo privado creció a menor ritmo, debido al rezago en materia productiva, a los controles de cambio y de precios y a reformas legales.
Fuera de la ley. Hermida considera que los decretos de inamovilidad laboral han resultado contraproducentes, pues impiden asegurar la estabilidad que pretende la legislación laboral vigente desde 2012.
«Un elemento resaltante en el sector público, con las pocas convenciones que se discutieron, ha sido la violación de las normas que establecen que deben discutirse con el sindicato que represente la mayoría. Es especialmente lamentable el caso de la discusión en la industria petrolera, donde se impuso una política de discriminación política contra un sector de la junta directiva no afecta al partido de gobierno», aseguró la defensora de derechos humanos.
Además, en 2013 el Ejecutivo nacional se negó a discutir el anteproyecto del Contrato Marco de la Administración Pública, el cual se consignó formalmente el 23 de julio de 2008; es decir, se acumulan más de 5 años de mora. En mayo de 2013 se anunció que presentarían una convención marco con «visión socialista».
Un fenómeno que surgió el año pasado, indicó Hermida, fue la sustitución de la discusión colectiva por la aplicación de la reunión normativa laboral, otro mecanismo para establecer condiciones colectivas de trabajo: «Con la particularidad de que en vez de ser discutidas y consensuadas colectivamente, son impuestas por el Ejecutivo a una rama de actividad». Así ocurrió con los sectores universitario y salud.
Otro hallazgo en el análisis de Provea es que hay más sindicatos, pero menos trabajadores sindicalizados: «Según el Ministerio del Trabajo, entre 2000 y 2013 se han registrado 6.086 nuevas organizaciones sindicales, lo que contrasta con las 4.198 organizaciones sindicales que se registraron entre 1986-1998. Sin embargo, la mayor cantidad de sindicatos contrasta paradójicamente con la disminución de trabajadores sindicalizados y convenciones colectivas discutidas y firmadas».
