Por años se ha vendido en el país la idea del «gobierno obrerista».
Lo hizo Hugo Chávez en el pasado y hoy lo repite el presidente Nicolás Maduro.
¿Qué se quiere decir con eso? La imaginación lleva a pensar en que cesaron los conflictos por falta de pago de pasivos laborales, el salario mínimo está acorde con la inflación y que funciona el sistema de seguridad social.
No obstante, la realidad es otra. Hoy son enormes las deudas que mantiene el Estado con sus trabajadores, según relatan sus protagonistas.
Huelgas, conflictos, contratos vencidos, rechazo a la figura sindical, desinversión y corrupción administrativa se han convertido en parte de la cotidianidad.
A medias han quedado algunos planes oficiales del «empoderamiento» de la clase obrera en la estructura del Estado.
«La burocracia no le ha dado poder a los trabajadores. En términos generales, la producción ha sido caótica. Lamentablemente si las empresas estaban productivas en manos privadas, esto bajó a cero porque las llevan a la quiebra», manifestó Julio Polanco, coordinador de la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos de Carabobo (Fusbec).
Aunque esa organización sindical ha estado en la vanguardia de las nacionalizaciones de varias industrias, hoy Polanco expresa tener «pena ajena» por el estado en que se encuentran las empresas y las promesas laborales incumplidas. «A un trabajador le hablas de expropiación y se asusta, la experiencia no ha sido buena», dijo.
Justamente, el trabajador ha estado en el eje central del discurso oficial para avanzar con varias expropiaciones.
Las premisas de llevar las empresas al servicio del pueblo, hacerlas autosustentables, distribuir sus ganancias de forma transparente y dignificar la calidad de vida de los trabajadores, cautivaron a la clase obrera desde el norte al sur y del este al oeste del país, sostuvo Luis Chaparro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Cemento y sus similares en Anzoátegui.
No obstante, al reflexionar sobre la situación de la industria del cemento, que antes estaba en manos de privadas, aseguró que ninguna promesa se ha cumplido.
«El pueblo es el que menos participa en la gestión de la empresa, antes había programas que beneficiaban a las comunidades y hoy están siendo negados, el Estado ha tenido que inyectar recursos para hacer las empresas sustentables, el cemento se consigue solo a precio especulativo, ha crecido la mafia de la distribución», detalló.
Este panorama se repite en otras empresas, como Lácteos Los Andes, Agropatria, Abastos Bicentenarios, Petrocasa, Envase Internacional, Cultivo Organopónico, Civetchi, donde además, según el coordinador de Fuscbec, hay acoso laboral, no se permite la legalización de sindicatos, por considerarlos «contrarrevolucionarios».
«En manos privadas se reconocían los sindicatos, había la posibilidad de que si se hacía una huelga, no se colocaba la etiqueta de desestabilizadores. El cambio entre el viejo y nuevo esquema se centra en la criminalización de la protesta», prosiguió Chaparro.
Ambos dirigentes sindicales exhortan al presidente Maduro a prestar atención a los trabajadores, así como recientemente lo hizo con empresarios. Advierten que las quejas laborales se están conteniendo en una «olla de presión» y que podría «explotar» con efectos lamentables. (El Universal, 22.07.13)
