La Fiscalía de Tumeremo, estado Bolívar, imputó a cuatro directivos del sindicato de trabajadores de la empresa mixta Venrus por su participación en una protesta laboral que ocurrió en febrero de este año.
El Ministerio Público acusó a Edward López, secretario general del sindicato de esa empresa, José Infante, secretario de Reclamos, Rubi Chirinos, secretario de Actas y Alan Ortega, secretario de Organización de los presuntos delitos de agavillamiento, interrupción del acceso al trabajo e instigación a delinquir.
López señaló que la imputación tiene su origen en una protesta laboral ocurrida el pasado 21 de febrero que paralizó por 11 días las operaciones de la empresa aurífera, pero alegó que él y los otros dirigentes acusados por la Fiscalía llegaron al día siguiente de iniciada la protesta.
Calificó como una aberración el proceso judicial que la Fiscalía de Tumeremo intenta poner en marcha. Ahora los imputados, junto a sus abogados, deberán revisar sus casos para responder a las cargas, tras lo cual la Fiscalía decidirá si existen razones suficientes para acusar a López, Infante, Chirinos y Ortega ante los tribunales. Por los delitos que han sido imputados, y en caso de llegar a ser juzgados, los dirigentes podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión.
La querella fue iniciada por denuncias entregadas por uno de los abogados de la empresa minera y por representantes del destacamento de la Guardia Nacional de la zona, según indica el expediente.
López recordó que, junto a sus compañeros del sindicato, fue despedido previamente de Venrus, pese a que legalmente todos cuentan con protección por sus condiciones de sindicalistas activos.
Aseguró que la imputación representa un castigo no sólo por la protesta laboral de febrero pasado, sino también por las denuncias sobre el extravío de 28.500 toneladas de oro de Venrus.
«Los trabajadores son sometidos a un terrorismo laboral por parte de la presidenta de Venrus. Además, no sabemos a dónde va el oro», dijo.
López indicó que sectores de Venrus están paralizados, luego de que el comité de seguridad industrial decidiera interrumpir las operaciones por presentar condiciones laborales inseguras.
La minera está conformada por el conglomerado ruso Agapov, a través de Rusoro Mining de Venezuela, y la Empresa de Producción Social Minera Nacional, adscrita al Ministerio para las Industrias Básicas y Minería. (El Universal, 13.04.11)
