Guayana tiene su cuota de presos políticos y dentro de ella los trabajadores y el movimiento sindical son víctimas del empeño gubernamental en criminalizar la lucha social, en lo que parece ser un intento de silenciar la protesta popular y laboral mediante el expediente de sembrar el miedo.
Rubén González, el principal dirigente del sindicato de una de las grandes empresas básicas del Estado, Ferrominera Orinoco (FMO), está preso y sometido a juicio desde hace 6 meses, tras una masiva paralización que por 15 días protagonizaron los trabajadores de esa empresa en las minas de hierro del Cerro Bolívar, San Isidro y Altamira.
Un caso realmente insólito porque su «delito» es -como él mismo lo señala- haber cumplido con su deber y su trabajo de acompañar a los ferromineros de Ciudad Piar en la protesta en reclamo por las reiteradas violaciones del contrato colectivo, el incumplimiento de todo lo firmado apenas semanas antes y la negativa de las máximas autoridades de la empresa el patrono gobierno en dar la cara y dialogar.
SIN RESENTIMIENTOS
En su lugar de reclusión, la sede de Patrulleros de Caroní, la policía municipal de Ciudad Guayana, González pasa los días junto a los también presos políticos Carlos Chancellor, alcalde electo por el pueblo de Tumeremo y William Saud cuyos «delitos» fue acompañar una protesta de trabajadores mineros Lo primero que llama la atención al conversar con Rubén González es que no muestra nada de amargura o resentimiento.
Mucho menos lo han logrado desalentar, por el contrario, luce en paz consigo mismo y con la misma disposición de lucha.
Si los jerarcas del gobierno creyeron que encarcelándolo lo iban a doblegar, sin duda fracasaron.
«Aunque tengamos tantas tribulaciones y angustias yo estoy tranquilo porque he hecho lo que tenia que hacer, he cumplido con mi deber y no le he fallado a los trabajadores», dice y de inmediato apela a sus convicciones cristianas, «la palabra de Dios es clara y me dice que aunque yo estoy aquí preso, en realidad estoy libre. Yo, como cristiano, no puedo tener amargura No puedo odiar al que me odia. Si me amargo no tengo a Dios en mi corazón».
¿DONDE ESTAN ESOS REALES?
El contrato colectivo de FMO fue acordado y firmado tras 15 meses vencido, en diciembre de 2008, pero su homologación legal tardó 5 meses mas porque dentro del alto gobierno algunos ministros estaban en desacuerdo. Se dice que al propio Chávez no le gustaba firmarlo pero el presidente de la empresa, Radwan Sabbagh, envió varios informes asegurando que FMO estaba en perfectas condiciones para cumplirlo.
Finalmente, el 22 de mayo de 2009, con la presencia de Chávez en el mitin «estatizador» de las briqueteras justo dentro de FMO en Puerto Ordaz, se anunció la autorización para homologarlo y firmarlo aunque fue llamativa la poca efusividad del Presidente.
Fue obvia la intención política de buscar popularidad cuando ya la crisis de las empresas de Guayana apuntaba directo a la responsabilidad gubernamental.
Curiosamente, a ese acto se le impidió la entrada o no se invitó a Rubén González, quien era militante del Psuv y secretario general del sindicato firmante del contrato. Tampoco a otros dirigentes sindicales pro-gobierno pero críticos. Mucho menos pudieron participar de las discusiones los independientes o los opositores, pese a que todos ellos cuentan con la legitimidad de ser electos por los trabajadores.
De inmediato el contrato comenzó a incumplirse.
«Los retroactivos acordados no fueron pagados, el aumento salarial no se hizo efectivo para los cerca de dos mil trabajadores no amparados directamente por el contrato por lo cual muchos supervisores quedaron ganando menos que sus supervisados, las prestaciones sociales eran descontadas pero no depositadas en las cuentas de los trabajadores.
Igual ocurre con la caja de ahorros. Las clínicas están en el suelo», explica González El 11 de agosto los trabajadores en Ciudad Piar se paralizan en protesta mientras en Puerto Ordaz es parcial, sobre todo el sector ferroviario, corazón de la industria, y así se mantendrían durante 15 días en los cuales la empresa y el gobierno (y sus medios de comunicación) negaron una y otra vez, casi a diario, que hubiera paro alguno.
Sin embargo, el 26 de ese mes, por vez primera el máximo jerarca de la empresa acepta reunirse con el sindicato y luego acude a una asamblea de trabajadores donde firma un compromiso para comenzar a cumplir el contrato y discutir otras cosas por lo que se levanta el paro «que no existía».
«Ferrominera venía de cinco años seguidos con récord de producción y con precios del hierro muy altos en el mercado mundial. Yo me pregunto: ¿donde están esos reales? ¿Qué pasó con los beneficios que los trabajadores generaron todo este tiempo», reclama el líder sindical.
Un mes mas tarde, mientras González está en Ciudad Bolívar, una comisión del Cicpc lo detiene sorpresivamente por orden de la Fiscalía acusado de «agavillamiento, violar zonas de seguridad, destrucción de bienes del Estado y cierre de vías públicas».
Un juez le dicta medida de privación de libertad, primer caso semejante que se recuerde en décadas en Guayana, aunque le da el beneficio de «casa por cárcel».
El 20 de Enero, tras 120 días de privación de libertad una comisión policial, que más parecía un pelotón de guerra, se presenta a las 9 de la noche en su casa en Ciudad Piar, sin orden de juez ni anuncio a sus abogados y se lo lleva.
González relata que «primero me trasladaron al Cicpc de San Félix como a las 10 de la noche, luego me regresaron hasta la alcabala del km 70 (via a Ciudad Piar), después a las 12 de la noche a la sede de los tribunales. A esa hora cambiaron el juez y a las 2am me notificaron que seguía preso pero sin el beneficio de casa por cárcel y me mandaron aquí a Patrulleros».
NUNCA SE CRIMINALIZÓ COMO AHORA
Rubén González es enfático e insistente en pedir que se explique quien es. «Nunca en mis 51 años de vida había estado preso. Yo no soy ningún malandro. Tengo 27 años trabajando en Ferrominera, 15 de ellos en las luchas sindicales. Estoy casado, estable, desde hace 32 años. Tengo cuatro hijos, tres hembras y un varón. Cinco nietas. Fui elegido por los trabajadores para representarlos. No le debo ese cargo a ningún partido ni nadie vino a levantarme la mano. Soy el representante de todos, de los que votaron por mi y de los que no lo hicieron».
El día en que este redactor lo visitó portaba un chaleco de Provea, la ONG de-fensora de los derechos humanos.
«Mucha gente ha sido solidaria conmigo. Los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos.
Ya mi caso ha llegado a la OIT y también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Muchos dirigentes sindicales han participado de manifestaciones de solidaridad. Compañeros con esa fortaleza de espíritu que dan la pelea», dice y nombra a Henry Arias (Alcasa), «Acarigua» Rodríguez, Nerio Fuentes (Sidor), Emilio Campos (Carbonorca), José Luis Morocoima (Bauxilum), Edgar Valentine (Los Pijiguaos) «y muchos otros, directores laborales».
Cuando le preguntamos del porqué esa persecución, señala sin titubeos: «El gobierno me puso preso para tratar de darle un `parao’ a la lucha de Guayana. Están haciendo conmigo un ensayo para vulnerar los derechos de los trabajadores y las libertades sindicales. Nunca se había criminalizado así la lucha de los trabajadores. Quien no rechace esto o es patronal o tiene bozal de arepa».
DAN LA ESPALDA EN «LA REVOLUCIÓN»
¿Nadie del gobierno se ha interesado en tu caso o te han visitado? «No. Nadie. Creo que viene una persecución al movimiento sindical y quieren silenciarme además de amedrentar a otros.
Están cometiendo un acto criminal Me están apartando de mis hijos y de mi familia ¿No es una contradicción que un gobierno que habla de revolución y socialismo persiga las libertades sindicales? «Si, es una contradicción. A mi me imputan transgredir zona de seguridad. ¿Cómo ejerzo la representación sindical sin estar en el área de trabajo?».
Sobre el silencio y condena del Psuv, González habla con tranquilidad pero con claridad.
«Yo estuve en el PPT, luego pasé al MVR. Posteriormente conformé el PSUV en el municipio Raúl Leoni. Organice la campaña por la enmienda. Apoyé al Presidente en su elección y en la reelección. Fui jefe del comando Miranda en el referéndum. Ahora resulta que yo di mi esfuerzo para este proceso, para que se consolidara. El mismo proceso que tanto apoyé se ha volcado en contra mía y me tiene preso. ¿Por qué? Por defender a los trabajadores y sus derechos. Bueno, yo seguiré haciéndolo. Las ideas no se encarcelan».
Piensa Rubén González que «el Ejecutivo Nacional tiene que rectificar. Es momento de reflexionar y enderezar si es que queremos enderezar.
Reconocer que han fallado
Este país tenemos que construirlo todos. Sin improperios, ni ofensas. Se trata de unirnos pese a las diferencias. Hay personas inquietas dentro del movimiento y hay que escucharlos. Quien sabe si allí están las mejores ideas para el mañana. No puede ser un egocentrismo de que alguien diga y los demás obedezcan, porque entonces nos convertimos en títeres de alguien en particular». (Damian Prat, 05.04.10, http://www.talcualdigital.com/ediciones/2010/04/05/default.asp)
El pásado 22 de Agosto en la Ciudad de Valencia unos 300 dirigentes laborales, sociales, populares solicitamos en acto público efectuado en el Colegio de Abogados al norte de la Ciudad, la libertad sindical y el pago de sus salarios de estos dirigentes expuesto al escarnio público y al vejamen por dirigir una protesta en los portones de las Industrias Básicas de Guayana. Así como HOY estos valientes trabajadores del Sector del Hierro y al Aluminio pagan con carcel la osadía de alzar su voz contra el ESTADO PATRONAL, MAÑANA CUALQUIER TRABAJADOR será llevado a las carcel por reclamar sus derechos consagrados en la Constitución y demás leyes de la Republica Bolivariana de Venezuela