17 de julio de 2012.- En entrevista exclusiva con Aporrea, el Colectivo de Contraloría Social A Toda Vida, denunció un número de irregularidades que actualmente ocurren en la Universidad Experimental de la Seguridad UNES, e hizo un llamado al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, para que aplique los correctivos necesarios.
El colectivo, integrado por profesores de esa casa de estudio que pidieron no ser identificados por temor a represalias o despido, afirma haber recibido denuncias de los estudiantes (discentes) a los que no les aceptan los certificados médicos emanados de los Centros Diagnósticos Integrales (CDI) o de los Consultorios de Barrio Adentro y que son una estructura médico-asistencial bastión del gobierno revolucionario, afirman que no sólo no se las aceptan, sino que son «dados de baja», término que usa la directiva dela UNES para desincorporar a los estudiantes, violando de esta manera el derecho a la educación de quienes se inscribieron ante esta Universidad para prestarle un servicio a la patria.
Igualmente, denuncian que ninguno de los profesores de la UNES cuenta con ningún beneficio contemplado en la LOTTT, por lo que no disfrutan de vacaciones, ni bono vacacional, cesta tickets, primas por hijo, útiles escolares, guarderías, entre otros.
«Esta situación viola los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes garantizados en la LOPNA,» dijo a Aporrea uno de los denunciantes. Aclararon que al ser contratados lo hicieron bajo la figura de Honorarios Profesionales, pero sin embargo su dedicación es exclusiva y a tiempo completo en esta Universidad, además de haber hecho el compromiso que serían contratados en cuanto arreglaran asuntos administrativos y hasta la fecha no ha sucedido.
Los profesores denunciantes afirman que la institución lleva a cabo prácticas irregulares para no dejar constancia de la relación laboral e impedir así, posibles demandas laborales. «No nos entregan Cartas de Trabajo, ni recibos de Pago, y además nos pagan en efectivo para no tener que firmar cheques, todo esto con el fin de no dejar constancia de la relación laboral,» afirmó una de las voceras del colectivo.
Igualmente nos hablan de las condiciones inadecuadas en la que se facilitadores y discentes están sometidos durante las jornadas de clase: falta de ventilación en las aulas, limitación para socializar que tienen los discentes (estudiantes), restricción del paso en áreas de la universidad marcadas con color por donde cada estudiante, según el color que tenga en su carnet es la única área en la que se puede moverse, el uso de un «monitor» que es un mismo estudiante que delatará a sus compañeros si los ve en los pasillos mientras haya clase, ni siquiera para ir al baño o beber agua.
Otro de los miembros de este colectivo nos expresa «Los horarios de clase comienzan a las 7:30 am y terminan a las 6:30 pm, de lunes a viernes, los sábados y domingos son para orden cerrado, en la cota mil. La exigencia presencial es absoluta, no ir un día a clase es motivo de penalidades que los dirigen a un «consejo disciplinario» que en 99% decide en contra del estudiante (discente) que los puede llevar hasta la expulsión»
En concreto, el Colectivo exige:
1) Contratación formal de los docentes con respeto a la legislación laboral vigente
2) Investigación a los médicos del turno de la mañana en el área de consulta de El Helicoide ya que han sido denunciados por este medio por prácticas que al parecer vulneran el pudor de las féminas, como es el caso de sacarse el sostén en una consulta relacionada con una afección en el tobillo
El colectivo hizo un llamado al Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, para que examine la situación y busque los correctivos, igualmente ala Ministra del Poder Popular para le Educación Universitaria, Yadira Córdoba ya que «evidentemente se están violando derechos laborales a quienes asistieron a compartir sus experiencias con los discentes bajo la concepción de la educación liberadora y de quienes asistieron al llamado de pertenecer a un cuerpo policial diferente, de nuevo modelo y que hoy son estudiantes sin libertades algunas y con un tratamiento que los lleva hasta la expulsión, violando un derecho conquistado en el proceso revolucionario como lo es el derecho a la educación» .
«Si el Ministro quiere que de verdad resolvamos el problema de la inseguridad, y crear una nueva generación de efectivos policiales revolucionarios, que respeten los Derechos Humanos, debe asegurarse de que la UNES sea una institución modelo, donde se respeten los derechos de quienes aquí laboramos. El ejemplo empieza por casa,» dijo uno de los voceros del colectivo. (Aporrea, 17.07.12)
