El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) realiza esfuerzos con el Ministerio Público para encontrar una solución a los casos de trabajadores que están siendo procesados por participar en manifestaciones o en huelgas.
Marino Alvarado, coordinador de la organización no gubernamental, hizo un llamado a quienes estén en esa situación para ponerse en contacto con Provea y «nos hagan llegar el número de expediente, el tiempo en que el juicio está abierto, para nosotros poder dialogar con el Ministerio Público y buscar una salida institucional».
Indicó que esta iniciativa surge luego del encuentro que sostuvieron la semana pasada con autoridades del Ministerio Público, quienes se comprometieron a revisar aquellos casos donde existe un régimen de presentación prolongado en el tiempo.
Detalló que uno de los casos expuestos fue el de siete trabajadores de Transporte Camila, contratista de Sidor, quienes enfrentaban un proceso penal desde 2006. Inmediatamente, el Ministerio Público solicitó revisar la medida cautelar de presentación cada 45 días.
«Nos parece importante este anuncio, significa que hay voluntad política de parte de la Fiscalía de ir resolviendo caso por caso en la medida que le vayamos comunicando», expresó Alvarado.
Según el Observatorio de Conflictividad Social, en los últimos ocho años se contabilizan más de tres mil personas con procedimientos judiciales por ejercer el derecho a la protesta. De ellas, 230 son dirigentes sindicales. (El Universal, 10.03.14)
