El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresó su preocupación por la violación al ejercicio de la libertad sindical en el país y anunció la ejecución de una agenda estratégica nacional e internacional para reivindicar las conquistas de los trabajadores.
De acuerdo a Marino Alvarado, coordinador general de Provea, actualmente existen diversos ámbitos de afectación, tal y como la apertura de juicios penales contra dirigentes laborales por ejercer acciones de protestas en centros de trabajo, sobre todo en aquellas zonas consideradas de seguridad.
Cuestionó además el desconocimiento a las órdenes de reenganche en el sector público y privado. A esta situación suma las fallas del Ministerio de Trabajo en hacer cumplir sus propias providencias administrativas. Según cifras de distintos sindicatos existen más de 3.000 providencias que no se han ejecutado en el país.
Alvarado reclamó también el retraso en la decisión de los procedimientos administrativos.
Tras una reunión con distintos dirigentes sindicales, el coordinador de Provea destacó que los sindicatos tienen un gran valor no solo para los trabajadores sino también para sus familias. «Es a través de los sindicatos que se logran conquistas, mejoras salariales», agregó.
Expectativas de la LOT
Provea señaló que el sector laboral vive en un clima de incertidumbre, similar al de 1997 cuando se reformó la Ley Orgánica de Trabajo (LOT) y se eliminó la retroactividad de las prestaciones.
La organización sostuvo que la discreción con la cual se discute la Ley de Trabajo, como si fuese un «secreto de Estado», genera preocupación entre las corrientes laborales.
El coordinador general del grupo señaló que la incertidumbre se fundamenta luego de escuchar al Presidente, quien ha dicho que «las convenciones generan privilegios capitalistas y que los sindicatos no son necesarios en tiempo de socialismo».
Alvarado teme que la nueva ley constituya un retroceso en los derechos de los trabajadores. Considera que no se debe satanizar la incorporación de los consejos de trabajadores al nuevo instrumento laboral, siempre y cuando no implique una disminución de las competencias de los sindicatos.
