El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechaza las acciones ejercidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos al Comando Regional 8 (CORE 8) del estado Bolívar, quienes reprimieron una concentración pacífica que protagonizaron trabajadores de la empresa estatal Sidor este 11.08.2014 en demanda de la discusión y aprobación de la convención colectiva de la industria, vencida desde hace más de 4 años.
3 trabajadores resultaron heridos con perdigones, 11 fueron detenidos, y numerosos vehículos propiedad de los obreros y empleados de la acería sufrieron importantes daños, luego que los efectivos de la GNB ingresaron a la planta de Sidor con la intención de repeler la protesta que se realizaba en el portón 1 y Mapanare de la empresa.
Esta actuación de la GNB no es nueva. El 14.03.08 un grupo de trabajadores de Sidor fue reprimido mientras se encontraba realizando una concentración pacífica en el portón 3 de la estatal, exigiendo mejoras salariales a la directiva de la empresa, para entonces propiedad del consorcio Ternium. Piquetes de la GNB arremetieron con bombas lacrimógenas y perdigones contra la manifestación pacífica de los trabajadores, causando heridos y destrozos a los vehículos de obreros y empleados. 53 trabajadores resultaron detenidos en dicha ocasión y fueron presentados a las órdenes de Tribunales.
Sin embargo, en la actualidad la respuesta que el Ejecutivo Nacional ha dado al conflicto que encabezan los trabajadores de la empresa, reviste especiales riesgos para la libertad sindical, el derecho a huelga y especialmente para el derecho a la manifestación pacífica, toda vez que la creciente militarización del país y el tratamiento poco democrático que el gobierno del Presidente Maduro ha demostrado ante la creciente conflictividad social, cierra los espacios para el ejercicio pleno de derechos constitucionales como la manifestación y reunión pacíficas y el derecho a huelga, y propicia escenarios de violencia que a su vez abren las puertas a violaciones de derechos humanos.
Desde su llegada a la Presidencia de la República, el Presidente Nicolás Maduro ha acelerado la militarización del país y ha consolidado formas autoritarias para ejercer la acción de gobierno, privilegiando la represión y la criminalización por encima del diálogo y el entendimiento con los distintos sectores de la sociedad que expresan sus legítimas demandas.
La doctrina de seguridad nacional con la cual ha venido gobernando el Presidente Maduro explica claramente el comportamiento del gobierno frente a la protesta de cualquier sector social. Bajo esta doctrina cualquier protesta es considerada un atentado a la seguridad del Estado y ello implica que en lugar de brindar una salida democrática al conflicto, se utiliza la fuerza del Estado para intentar intimidar a los trabajadores.
Esta política se extiende igualmente a otros funcionarios del Estado. Las amenazas reiteradas de altos funcionarios del Estado contra los trabajadores de Sidor han estado orientadas a descalificar e intimidar su lucha por mejores condiciones laborales. El propio Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, el comandante del CORE 8 de la GNB General Luis Arrayago y el gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez han encabezado una campaña de criminalización y ataques contra los trabajadores en conflicto, acusándolos de pertenecer a mafias sindicales y de estar al frente de la llamada “guerra económica”. Estas prácticas contradicen la constante afirmación del Presidente Maduro quien se autoproclama como “Presidente Obrero”.
Llama la atención la actitud asumida por la Central Socialista de Trabajadores quien planteó al Presidente Maduro durante un acto realizado en Caracas, la necesidad de recurrir a la actuación de milicias obreras y “brigadas especiales” para terminar con la huelga y el reclamo de los trabajadores de Sidor. Esta propuesta, además de estimular la confrontación, pudiera significar el inicio de un comportamiento de esta Central para, en alianza con el gobierno, reprimir el descontento y los reclamos laborales en el país.
Todas las amenazas expresadas contra los sidoristas se concretaron este 11.08.2014. Aún más, la actuación de la GNB durante la represión a la manifestación en Sidor pudiera indicar la generalización de un patrón represivo que ya fue aplicado por los efectivos militares durante la contención a las protestas realizadas entre febrero y mayo de 2014.
Al constante e ilegal uso de sustancias tóxicas y armas de fuego para controlar manifestaciones, a las detenciones arbitrarias y maltratos contra manifestantes, se suma –como actuación recurrente- el ingreso de la GNB en instalaciones para generar destrozos a bienes y propiedad privada de manifestantes y ciudadanía en general. Esa actuación registrada ayer en Puerto Ordaz, se experimentó con una alta frecuencia en los ataques contra residencias que se produjeron entre febrero y mayo del presente año y en los que la GNB tuvo participación en la totalidad de los casos.
Los trabajadores venezolanos tienen más de 5 años encabezando las protestas en el país y el Presidente Maduro debe atender sus reclamos en forma democrática. Por ello, somos insistentes en condenar y rechazar este tipo de actuaciones y en exhortar al Gobierno Nacional a que cumpla con su deber de garantizar el pleno respeto a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, deteniendo las acciones orientadas a restringir y criminalizar el ejercicio de la manifestación pacífica y el derecho a huelga.
La criminalización, la represión y la militarización de los conflictos sociales suma más problemas a los ya existentes en el país y lesiona garantías constitucionales, debilitándose con ello el principio de democracia participativa y protagónica, consagrado en nuestra Carta Magna. (Prensa Provea, 12.08.2014).
