Por instrucciones del presidente Hugo Chávez ningún ministerio, institución o fundación pública podrá aprobar ajustes salariales, firmar contratos colectivos o modificar los precios de los productos que producen, señala el vicepresidente de la República, Elías Jaua, en un oficio dirigido al ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), José Khan, de fecha 21 de mayo de 2010. En Guayana existen once contratos colectivos vencidos, siendo el pliego de peticiones de los trabajadores de la CVG el de más vieja data.
La comunicación fue consignada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” como argumento para la no discusión del pliego de peticiones del Sindicato Único de Empleados Públicos de la CVG (Sunep).
Jaua notifica al titular del Mibam que por “instrucción del comandante presidente, Hugo Chávez Frías, ningún ministerio, instituto o fundación del Ejecutivo nacional está autorizado a realizar ajustes en los bienes que producen o en los servicios que ofrecen, firmar contratos colectivos, ni realizar ajustes salarial o decretar bonificaciones al personal de cualquier nivel a su cargo”.
Dichos puntos, según la misiva, deberán ser “tramitados directamente con el comandante Presidente o a través del vicepresidente Ejecutivo para su aprobación”. Esta misma información fue remitida por Jaua al resto de los ministerios para su estricto cumplimiento.
Puertas cerradas
Al respecto los dirigentes de Sunep-CVG, Juan Gómez y Ramón Gómez, denunciaron que con la carta se cierran las puertas a la discusión de los asuntos que aquejan a los trabajadores.
El pliego de peticiones de los cevegistas data de cuatro años. En su contenido, expuso Gómez, hay reclamos de bonificaciones por cláusulas incumplidas de la convención colectiva.
La organización, que interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reclamó en rueda de prensa que con esto la Inspectoría debería clausurar su atención a los empleados públicos y sólo atender a los trabajadores de las empresas privadas.
Gómez expuso que con ello se demuestra una mayor centralización de las decisiones en materia laboral y explicó que es inviable que cada sindicato o trabajador de la nómina pública se dirija a Caracas para reclamar sus derechos.
El secretario de acta y reclamo informó que han enviado una comunicación al Presidente de la República para exponer el reclamo de los trabajadores, tal como ordenó el vicepresidente.
Además exhortan a la Inspectoría del Trabajo a que otorgue las 120 horas el derecho a huelga que han solicitado desde hace más de dos años, por el incumplimiento de importantes cláusulas de la convención de los cevegistas.
“Si esto va a ser así la Inspectoría debe colocar un cartel en donde notifique que sólo atenderá a la empresa privada”, dijo el secretario general de la organización sindical.
Contratos congelados
De las empresas básicas 11 contratos colectivos están en lista de espera, sin contar que el contrato de Sintraferrominera -firmado en mayo de 2009- no se ha hecho efectivo.
La política está enmarcada en el documento “Caracterización de las relaciones laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público”, precedente para la conformación de la Comisión Presidencial de Política Laboral, y con la cual se han centralizado las decisiones, especialmente las convenciones colectivas y sus “privilegios”. (Clavel Rangel, 10.06.10, http://www.correodelcaroni.com/content/view/154689/1/)
