Para ellos, los secretarios generales de Sintralcasa y Sutracarbonorca y el director laboral de Venalum, no hay otro acto de más terrorismo que el de tener a las empresas básicas como hoy en día están.
Así respondieron a las acusaciones del diputado pesuvista Aldrin Torres y, por extensión, al gobernador Rangel Gómez, sobre los señalamientos conspirativos que, en sus contras, formuló el parlamentario regional.
En cuanto a la fotografía en la que aparece Henry Arias, secretario general de Sintralcasa, con Lorent Saleh en 2011 durante la campaña por la liberación de Rubén González, el dirigente alcasiano respondió: “¿entonces qué es el gobernador del estado, que tenemos fotografía de él con todos los presos con el caso Ferrominera? Tenemos fotos de él en un sarao con Luis Velásquez. ¿Entonces es un corrupto?”.
Los dirigentes sindicales del aluminio han sido acusados nuevamente de participar en un plan “conspirativo”, esta vez, para reactivar las “guarimbas” en el estado Bolívar.
La teoría es del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) al Consejo Legislativo del estado Bolívar Aldrin Torres, quien en declaraciones firmadas por Prensa Polo Patriótico y acompañada de una fotografía en la que aparece el dirigente Lorent Saleh, asevera que los secretarios generales de los sindicatos de la “derecha” son parte de un plan “terrorista”.
La acusación, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, se corresponde con un nuevo intento del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de criminalizar a la dirigencia sindical disidente del Gobierno y “satanizar” a las voces críticas.
No es casual, comentó, que desde la publicación de esas declaraciones sean seguidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “No para ponerme preso, es para amedrentar a mi familia”, dijo.
Tampoco es coincidencia, agregó, que la avenida Angosturita (rebautizada Los Trabajadores) haya amanecido custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En todo caso, dijo, si la dirigencia sindical es terrorista por fotografiarse con Lorent Saleh cuando reclamaban la libertad del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, “¿entonces qué es el gobernador del estado, que tenemos fotografía de él con todos los presos con el caso Ferrominera? Tenemos fotos de él en un sarao con Luis Velásquez. ¿Entonces es un corrupto?”, respondió Arias al calificar de “tarifado” al diputado Torres.
Números en rojo
Los señalamientos, comentó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Carbonorca, Ramón Espino, los hacen porque no tienen “cómo esconder el desastre (…) terrorismo es haber acabo con las empresas”.
“Estas son las realidades que nosotros no podemos callar y que, lamentablemente, hoy este diputado que nos llama criminal, no puede tapar. Que vea él cómo están los baños de las empresas, de las grúas, de los hornos de cocción, por esta realidad es que nos llaman terroristas”, dijo con fotografías en manos del deterioro de la planta.
“A nosotros no nos preocupa que nos llamen así, a nosotros lo que nos preocupa es que estos equipos no pueden continuar así”, dijo en referencia a los neumáticos lisos de las grúas y el deterioro de los hornos.
La situación de Carbonorca se repite en CVG Alcasa, donde sólo funciona el 16 por ciento de las celdas; en Bauxilum en el que sólo uno de los cuatro calcinadores está operativo, y en Venalum, que trabaja a un 25 por ciento de su capacidad instalada.
________________________________________________________________________________________
Cinco años después, investigación
Mediante un cartel publicado este 6 de octubre, la Unidad de Auditoría Interna de CVG Alcasa anunció la apertura de un proceso de investigación al exgerente de comercialización José Salas, por las presuntas irregularidades en el despacho de 2.797 toneladas de planchones vendidas a Emprendedores de Guayana, en diciembre de 2008, a un precio por debajo de lo cotizado y en cantidad mayor a la capacidad instalada de la fábrica.
“Se presume que Alcasa dejó de percibir en la operación de compra venta la cantidad de 3.265.454 dólares”.
Por esa razón, la gerencia notificó al gerente que se desempeñó entre 2008 y 2009 a que comparezca en la estatal en los próximos 10 días hábiles a conocer del expediente. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 09.10.14)
