A propósito de la visita de la Misión especial de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país, diversas organizaciones sindicales consignaron este miércoles 27.01.14 ante la representación de este organismo, un documento contentivo del conjunto de denuncias de violaciones a la libertad sindical cometidas por el gobierno venezolano, y que en opinión reiterada de los sindicalistas, constituyen una grave amenaza al sindicalismo autónomo y a la posibilidad de las y los trabajadores de defender derechos frente a los posibles atropellos de los patronos públicos y privados.
En el documento, los representantes sindicales expresaron su deseo de que la Misión de la OIT constatara la “vocación democrática, de pluralidad y de respeto a las diferentes opciones ideológicas que hacen vida en el país”, y que –resaltan-, se vio reflejada en la presencia de las diferentes corrientes y centrales sindicales del país, que acordaron establecer una agenda unitaria para la defensa del derecho humano a la libertad sindical.
La representación sindical hace una reflexión en el escrito, sobre los efectos negativos que ha tenido la polarización de la sociedad venezolana en la autonomía de la clase obrera, cuyas agendas de lucha han sido desplazadas por agendas externas, que han contribuido enormemente a la atomización del movimiento sindical venezolano. Resaltan a su vez el compromiso de la clase trabajadora y sus dirigentes de exigir que se respeten sus conquistas laborales, “que no han sido dádivas de nadie, sino que han sido ganadas con años de lucha”.
Más adelante el documento enumera el conjunto de violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación ratificado por Venezuela en 1982. En tal sentido, denuncian la escasa difusión del “Informe sobre las relaciones de trabajo en Venezuela, elaborado por la OIT en 1991 que señala entre otras cosas el “proteccionismo en las relaciones individuales y control estatal de la actividad sindical. De ello es evidencia la minuciosa regulación de la vida de los sindicatos y el protagonismo de la Administración del Trabajo en el procedimiento para el registro de las organizaciones y en los de negociación y huelga”.
Dicen los representantes sindicales, que la escasa publicidad del Informe ha amparado una conducta reiterada por el Estado venezolano y sus funcionarios, y que ha estado orientada a convertir en “natural” la intromisión del Estado en los asuntos propios de la vida sindical. Destacan que los órganos de control de la OIT “han sido informados de los números actos de injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales que han ocurrido desde el año 2000”, y advierten que sobre ello han emitido varias resoluciones señalando su incompatibilidad con el Convenio No 87, sobre libertad sindical. “De esa época data la exigencia de que fuera reformada la legislación para dejar sin efecto las facultades atribuidas al CNE en las elecciones sindicales y la minuciosa regulación de la vida interna de las organizaciones sindicales”, se desprende del escrito.
También se señalan los obstáculos que se presentan actualmente para el ejercicio de la actividad sindical en el país. Los sindicalistas denuncian la intención del Estado venezolano de criminalizar las luchas de los trabajadores y refieren que prueba de ello, son las normas dictadas para restringir y limitar el ejercicio de derechos, y que han servido para judicializar los reclamos de los trabajadores e intimidar a quienes dirijan o intenten realizar protestas laborales. Mencionan los efectos de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación aprobada en 2002 para “castigar las protestas públicas, en zonas definidas como de seguridad, con penas privativas de libertad hasta 10 años”, y suman a ella la Reforma del Código Penal del 2005, la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de 2010 y la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios de 2007.
“En todas ellas se establecen penas privativas de libertad hasta por 10 años por realizar acciones típicas del ejercicio de la libertad sindical. Varios de los delitos previstos han sido usados para enjuiciar a dirigentes sindicales por ejercer su legítimo de derecho a huelga, siendo para nosotros emblemático el caso de Rubén González.” advierten en el documento.
Cabe destacar que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha emitido varios pronunciamientos respecto sin lograr que el gobierno venezolano cese el uso del sistema judicial para criminalizar a los dirigentes sindicales.
Los casos de Rubén González, Iván Freites, los asesinatos de sindicalistas en el sector construcción, expropiación de locales de organizaciones sindicales, la judicialización de la huelga realizada por los profesores universitarios en 2013, entre otros, fueron presentados ante la Misión de la OIT, haciendo referencia a que en gran parte de los casos, el Comité de Libertad Sindical ya está en conocimiento de las situaciones.
En nuestra opinión la iniciativa de las diversas centrales y corrientes sindicales, de denunciar en forma conjunta las distintas violaciones a la libertad sindical en el país, constituye un gigantesco paso hacia la unidad del movimiento sindical venezolano, y por la construcción de una agenda unitaria de luchas que permita a los trabajadores del país, trascender la polarización política y avanzar en la conquista y reconocimiento pleno de sus derechos. Saludamos este esfuerzo hecho por buena parte de la dirigencia sindical y lo valoramos como un ejemplo a seguir para el resto de las organizaciones del movimiento popular venezolano. (Prensa Provea, 31.01.14)
Conoce el contenido del documento entregado a la Misión de la OIT o descárgalo en su versión PDF
