Este 23.04.14 a las 10:00 am. se celebrará en el Tribunal 24º de Juicio de Caracas, la última audiencia en el juicio seguido contra el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la empresa Ferrominera Orinoco (SINTRAFERROMINERA), Rubén González, luego de su participación en la huelga de trabajadores que se realizó en agosto de 2009.
Desde el inicio del proceso, Rubén González reiteró la justeza de la huelga realizada y su papel como Secretario General de Sintraferrominera al lado de las luchas de los trabajadores, mientras, el Ministerio Público insistió en mantener su acusación contra el sindicalista por la supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción a la libertad al trabajo.
Como se recordará, entre el 11 y 26 de agosto de 2009, más de 2000 trabajadores de Ferrominera Orinoco, iniciaron una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada entre estos y el patrono.
Según Rubén González, entre otras disposiciones de la convención colectiva, los trabajadores reclamaban el incumplimiento del pago retroactivo de salarios desde el 5 de enero al 31 de mayo de 2010, conforme a las condiciones de la nueva convención colectiva; y el pago de un “bono único” para saldar las obligaciones acumuladas durante los 14 meses en que no hubo convención colectiva.
Los trabajadores desde tempranas horas decidieron paralizar las actividades para buscar una respuesta satisfactoria a sus reclamos: pago de retroactivo, pago de bono de producción, y el reclamo ante una reducción de la jornada laboral que les desmejoró el salario a los trabajadores en casi un 50 por ciento”.
González expresó a su vez otros reclamos: “el transporte está en malas condiciones, no hay dotación de los implementos de seguridad, no hay ni papel en los baños, ni agua potable, ni aceite para hacerle el mantenimiento a los equipos de la mina. Durante los quince días de huelga, la cobertura realizada por los medios de prensa estatales está orientada a minimizarla y desprestigiarla”.
El 26.08.2009 el presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, y el secretario general de SintraFerrominera, Rubén González, suscribieron un “acta convenio” en la que se acordó la finalización de la huelga a cambio del compromiso de cumplir con la convención colectiva. Ese mismo día se da por finalizada la huelga.
Un mes después, Rubén González fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de zona de seguridad.
Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21.01.2010, fecha en la que se decretó su arresto en la cárcel de la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar. Para ese entonces, ya Rubén González permanecido 14 meses en prisión.
El 22.01.2010, el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-C.V.G.) presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por violaciones a la libertad sindical de parte del Estado venezolano.
El 19.11.2010, el Comité de la OIT declaró que “… los hechos imputados contra este dirigente sindical no justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de 2009”, y solicitó al Estado venezolano “que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos”.
A pesar de ello, el Estado venezolano desoyó las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y el 28.02.2011 condenó a Rubén González a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y defensoras de DDHH a nivel nacional, lográndose la anulación de la sentencia condenatoria y del proceso que se había celebrado, pero no el sobreseimiento definitivo de la causa que se le siguió hasta ahora al dirigente sindical.
Derecho criminalizado
Pese a que la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga en su artículo 97, en los últimos años se han empleado diversos mecanismos por parte del Estado venezolano para restringir y criminalizar su ejercicio.
Por vías legales se mantiene la negación del derecho a huelga y cada vez es más riesgoso para las y los trabajadores convocar a la paralización de actividades.
Provea ha calculado que por delitos tipificados en el Código Penal y la Ley de Seguridad de la Nación, más de 150 trabajadores y dirigentes sindicales se encuentran sometidos a regímenes de presentación en tribunales.
Pese a la persecución, la criminalización y los intentos por limitar el ejercicio de los derechos sociales, Provea reivindica el ejercicio pleno de la libertad sindical y el derecho a huelga de las y los trabajadores como complementos indispensables para la construcción de una democracia verdaderamente participativa y protagónica.
Te invitamos a que juntos acompañemos a Rubén González este 23 de abril de 2014, a partir de las 10:00 am en el Palacio de Justicia de Caracas, en la última audiencia del juicio seguido en su contra. (Prensa Provea, 21.04.14)
