El 29.01.2009 un grupo de trabajadores se encontraba protestando frente a las instalaciones de la empresa MMC Automotriz S.A (MITSUBISHI), cuando fueron reprimidos por efectivos de la Policía de Anzoátegui. En la acción policial Javier Marcano y Pedro Suárez perdieron la vida.
La gobernación del estado oriental, dirigida por Tareck William Saab, emitió un boletín el 04.06.2010 donde afirmaba «el Gobernador cumplió con los ofrecimientos en la cancelación de pensiones, construcción de viviendas y medios de sustentos; así como, la cancelación de daños materiales a los propietarios de los vehículos que se encontraban en el estacionamiento al momento de los sucesos». (Prensa Gobernación, 04.06.10)
Pero en el blog concienciaobrera.blogspot.com negaban la información emitida por la Gobernación. «La Plaza Bolívar de Barcelona, Estado Anzoátegui fue tomada de forma pacífica y en protesta por los Trabajadores y familiares víctimas de la masacre de MMC Automotriz S.A (MITSUBISHI), Desmienten las declaraciones del Gobernador del estado Anzoátegui sobre indemnizaciones y esclarecimiento de hechos».
En el mencionado blog los afectados aseguraban que los familiares de Javier Marcano no han recibido ningún pago por parte del poder ejecutivo regional. Afirman «sólo el sindicato SINGETRAM ha cumplido con la esposa e hija del fallecido Javier Marcano, obligando a la empresa MMC automotriz S.A cumplir los beneficios de la convención colectiva acordado el 21 de marzo 2009».
En la nota que desmiente el boletín, se solicita que los autores intelectuales de la represión y posterior muerte de los dos trabajadores se identifiquen y queden a la orden de la justicia. «Evidentemente, los responsables intelectuales de coordinar la actuación de 60 policías se hallan todavía en la gobernación del estado Anzoátegui o ejercían responsabilidades hace un año. El juicio deberá determinar la conexión entre estos funcionarios de la gobernación y gerentes de MMC Automotriz S.A», agrega el comunicado.
Finalizan su comunicado haciendo un llamado al Presidente de la República para que intervenga en favor de los trabajadores, que según la información que divulgan, sus derechos laborales están siendo violentados por la empresa, mientras el Ministerio del Trabajo no efectúa ninguna acción a su favor.
