El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) remitió a Provea las denuncias formuladas por los ciudadanos Edixon Cedeño y Juan Manuel Peralta, quienes fueron despedidos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), en septiembre y octubre de 2012, respectivamente.
En comunicación telefónica sostenida con el equipo de Provea, los referidos ciudadanos denunciaron que sus despidos obedecen a razones políticas, y que la gerencia de PDVSA se ha negado a cumplir las providencias administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, estado Anzoátegui, que ordena el reenganche de los trabajadores despedidos.
Edixon Cedeño, quien se desempeñaba como Ingeniero de Equipos Rotativos en PDVSA-PETROCEDEÑO desde el 05.12.2012 con un contrato a tiempo indeterminado, afirmó a Provea que en PDVSA, hay desde hace tiempo una abierta “propaganda política” a favor del partido oficialista y que se sanciona y persigue a quienes poseen tendencia opositora. Señaló que su despido fue realizado sin ninguna motivación legal y que se le hizo mención a su orientación política como causal del hecho. “El día 17.09.2012 me bloquearon la ficha y el personal de PCP (Seguridad) me notificó que debía entregarle la ficha y dirigirme al edificio CVP para una reunión con el Gerente de Recursos Humanos el Sr Julio Rojas. Me dirigí en compañía de mi jefe, ya que todos estaban sorprendidos de lo que estaba pasando. Cuando mi jefe se reunió con el Sr. Julio Rojas y otras personas de PDVSA, le notificaron que yo iba a ser despedido porque era opositor y que no opinara ya que era una orden gerencial”, relató Cedeño.
Por su parte, el Sr. Juan Manuel Peralta denunció que el pasado 03.10.2012, fue despedido injustificadamente por el Superintendente de Destilación de Cóquer de la empresa PDVSA-PETROMONAGAS, “mi despido fue netamente político, es decir un despido injustificado. Nunca había tenido problemas laborales, presenté una hoja de servicios limpia”, indicó el trabajador despedido. Peralta comenzó a prestar servicios en la empresa PDVSA-PETROMONAGAS el 24.04.2000, desempeñando el cargo de Supervisor de Guardia hasta la fecha de su despido. “Esta gente me envió a la calle injustificadamente, debido a que a lo largo de mis 13 años tuve un desempeño impecable sin ninguna amonestación” sentenció.
Ambos trabajadores acudieron ante la Inspectoría del Trabajo “Alberto Lovera” con sede en Barcelona, estado Anzoátegui, a realizar la respectiva denuncia y solicitaron el amparo de ley para garantizar su estabilidad laboral y la restitución de la situación jurídica infringida, conforme a los artículos 94, 418, 420 y 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
En el caso del trabajador Edixon Cedeño, la referida Inspectoría, mediante auto de fecha 21.09.2012, admitió la solicitud incoada y ordenó a la empresa PDVSA-PETROCEDEÑO, el reenganche y el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Asimismo, en auto de fecha 15.10.2012, la misma Inspectoría del Trabajo “Alberto Lovera” admitió la solicitud planteada por e trabajador Juan Manuel Peralta, ordenando a la empresa PDVSA-PETROMONAGAS, el reenganche, la restitución de sus derechos laborales y el pago de los conceptos y beneficios dejados de percibir por el ilegal despido.
“Desde entonces hemos ido en cuatro oportunidades a realizar la ejecución del reenganche, acompañado de un funcionario de la inspectoría y hasta la fecha no nos han atendido”, informó a provea Juan Peralta, quien señala que es reiterado el incumplimiento de las órdenes emanadas de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Anzoátegui, por parte de la Gerencia de PDVSA. De igual forma, los trabajadores indicaron que ya venció el lapso de 180 días para que la empresa ejerciera los recursos legales pertinentes contra las providencias administrativas, y que los mismos nunca fueron ejercidos, por lo que ambas decisiones administrativas están definitivamente firmes, desde el punto de vista legal. Todo ello les motiva a estudiar la posibilidad de accionar ante los órganos judiciales para lograr el cumplimiento del fallo administrativo que les favorece.
Provea y el CDH-UCAB, junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, siguen de cerca las denuncias de estos casos de persecución y acoso laboral por motivaciones políticas. En tal sentido, cabe destacar que el pasado 25.04.2013, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, emitió un comunicado a propósito de estas denuncias y señaló que “…Los trabajadores y trabajadoras del sector público o privado tienen garantizada su estabilidad laboral por las leyes, decretos e instituciones para su defensa (…) El ejercicio de los derechos políticos conforme a la Constitución y dentro del marco de las leyes, no es una causal de despido”.
El Estado venezolano debe garantizar la estabilidad de los trabajadores, y las instituciones y empresas públicas, deben acatar y cumplir las órdenes emanadas de los Tribunales e Inspectorías del Trabajo a nivel nacional que establecen la protección a este derecho.
