Empleados se apostaron en el edificio administrativo de la recién nacionalizada briquetera, y manifiestan su descontento hacia el presidente de la junta estatal Luis Velásquez.
Manifiestan que existe un mayor deterioro en sus condiciones aborales desde que la junta de administradora fue asumida por el Estado. “nosotros somos defensores de la nacionalización, porque creemos que esta empresa es estratégica. Luchamos contra un patrón capitalista y no queremos que la historia se repita” señaló el secretario general de Sintraori, Alirio Guillén, quien también es miembro de la junta administradora.
Guillén reconoce la caída de la producción, que los ubica en un 25% de operatividad, con el funcionamiento de uno de los tres trenes de producción; y reconoce que no hay ni insumos ni repuestos para ponerlos en funcionamiento.
Para recuperar la operatividad de la Orinoco Iron se necesitan unos 19 millones de dólares, que según Guillén fueron solicitados al ministro de Industrias Básicas y Minería José Khan.
“No estamos solicitando al Estado que utilice la caja chica de Pdvsa sino que nos dé lo que nos corresponde y no los cancelen. Las 127 mil toneladas métricas que se le han colocado a Ferrominera deben ser canceladas para que esos recursos bajen al flujo ordinario de caja y podamos salir a reflote” puntualizó Alirio Guillén.
Abandono en seguridad
Los trabajadores reclaman un aumento contractual de 10% que debió cancelarse el pasado 9 de mayo, tampoco están disfrutando del beneficio del HCM que les descuentan, la situación se ha deteriorado al punto que “no hay ni papel sanitario en los baños” indicó Ronald Figueredo, dirigente de Orinoco Iron y ex director regional de Inpsasel.
Denunciaron que en dentro de la empresa existen prácticas antisindicales, ejemplo de ello es que los trabajadores amparados por el contrato colectivo fueron cambiados a contratos individuales.
Los empleados exigen respuestas a Luis Velásquez por las condiciones de inseguridad que existen dentro de la planta. Dentro de la empresa hay un total rechazo hacia el control obrero y un desconocimiento a las decisiones que toman los trabajadores. (Correo del Caroní, 13.07.10)
