Por debajo del portón de la casa corrió la sangre ese domingo, 22 de enero en la madrugada, en el sector 29 de Marzo de Barcelona (Anz). Ese día, cuatro hombres descendieron de una camioneta echando fuego con fusiles AR-15 y pistolas 9 mm. Nelson «Nelsito» David Rojas Mongua (23), falleció en el acto. Su primo, Juan Carlos Rojas Mongua (28), lo haría minutos después, en el hospital.
Nelsito, según las fuentes policiales, era el responsable de al menos tres homicidios. Trabajaba para un supuesto sindicalista. En cambio, su primo Carlos David era empleado de la gobernación y fue una víctima circunstancial, de acuerdo con las investigaciones. Ambos quedaron apuntados como las últimas «bajas» en el parte de guerra desatada por los cupos de empleos en el norte de Anzoátegui.
En los primeros 31 días de 2012, nueve hombres fallecieron a tiros en la zona. Al menos siete de ellos se movían entre los claroscuros de las leyes, al acecho de los cupos de trabajo, cobrando sobornos y ofreciendo protección en las obras que se realizan en la región. Cinco presentaban antecedentes por robo, porte ilícito de armas o posesión de drogas, entre otros. Otras ocho personas, entre ellas cuatro mujeres, resultaron heridas en medio de los tiroteos perpetrados por sicarios armados con fusiles, revólveres y pistolas.
Luego de los asesinatos, en el pavimento quedan las manchas rojas sobre las cuales lloran los familiares y buscan evidencias los policías, un trabajo que se dificulta por el temor de los testigos.
Pocos recuerdan los detalles de los vehículos utilizados por los matones, quienes generalmente actúan en grupo de cuatro individuos, todos jóvenes, usando un carro o camioneta y una moto. Los testigos mucho menos son capaces de describir sus rostros.
Perros bravos
«Los invisibles operan y nadie los ve», dice un sindicalista que prefiere mantener su nombre en reserva. Afirma que utilizan fusiles R-15 y FAL. También emplean revólveres 38 y pistolas 9 mm. Se mueven en Guanta, Puerto La Cruz, Barcelona, Píritu y Puerto Píritu; cada uno en su zona, porque de lo contrario se desataría una batalla.
Algunos trabajan para los pranes (jefes de mafias carcelarias). Los viernes llegan a los portones de las obras, cobran su tajada y sin mover una pala o atender un reclamo de los obreros, se marchan para llevar la recogida a sus líderes en el presidio. Funcionarios de inteligencia policial confirmaron el modus operandi.
Otros actúan como los perros bravos, relataron un sindicalista y un exdelegado sindical quien laboró en el mantenimiento de una planta de Petroanzoátegui, instalación de Pdvsa.
«Los jefes de las contratistas los emplean y tratan de que queden como delegados laborales -encargados de vigilar el cumplimiento del contrato colectivo o delegados de Insapsel -responsables de velar por la seguridad, higiene y ambiente en las obras-. Andan empistolados y uno no puede hacer ningún reclamo al patrón porque te muestran el arma de fuego o esperan que vayas al baño para darte un cachazo en la cabeza. Si no, te llaman a tu teléfono para decirte que mejor te quedes tranquilo, pues el gerente tal es su protegido. Si un extrabajador acude a reclamar el pago fallo de sus prestaciones, ellos no lo dejan llegar al portón. Se levantan la camisa y enseñan la pistola», comentan.
Aunque el silencio es parte del código, siempre se filtra algo. Un acta del 31 de enero de este año -firmada por representantes de seis empresas que participaron en los trabajos de mantenimiento de Petroanzoátegui, representantes de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y exobreros que laboraron- relata en el punto 5 lo siguiente: «Se reitera la denuncia de amedrentamiento a los extrabajadores de Alianza Faena-América, quienes se dirigen a efectuar reclamos a dicha contratista».
Los perros bravos se encargan de sembrar el miedo en los otros; a veces, se muerden entre ellos y derraman sangre, como ocurrió con Nelsito.
Ese terror los protege y evita la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales. Hasta la fecha, sólo se tiene plenamente identificado al responsable de uno solo de los homicidios de enero (ver recuadro), contra quien la Fiscalía emanó una orden de aprehensión.
Nadie ve, nadie habla
El miedo abre el camino a la impunidad, alerta el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Anzoátegui, Jhony Salazar, quien forma parte de la comisión mixta que se creó por orden de los ministerios de Interiores y Justicia y de Defensa, y que dirige el comandante del Core 7, general (GN) Alejandro Keleris Bucarito.
«En muchos de esos casos están identificados los autores por el trabajo policial, pero no tenemos los testigos que quieran declarar y sostener la acusación. Mucha gente no habla porque saben la trayectoria del muerto, de allí que nadie ve el color del carro, ni saben a qué sindicato pueden pertenecer los atacantes», puntualiza Salazar.
El comisario aclara que la Fiscalía tiene la obligación de darle a conocer al imputado el nombre de quien lo denunció; por eso el testigo difícilmente quede en el anonimato, de allí que algunos ciudadanos prefieren el silencio y, ante ello, poco pueden hacer las autoridades.
Salazar pone un asterisco a las cifras de los medios de comunicación, pues reconoce que entre los muertos de enero sólo se contabilizan tres personas vinculadas a la lucha por los cupos de empleos en el norte de Anzoátegui y no nueve, pese a que los familiares de los fallecidos, al ser interrogados por las autoridades, refieren que el muerto era sindicalista, aunque no saben de qué organización.
Comenzó la pelea
Las amenazas contra los sindicalistas y las denuncias por la venta de cupos siempre han ocurrido, recuerda el secretario general del Sindicato de Fedepetrol en Anzoátegui, Gregorio Rodríguez, quien sin embargo asegura que antes de 2006 nunca llegó a ver un arma de fuego en las instalaciones petroleras, pese a que sabían que había gente armada: «Si alguien me amenazaba, simplemente hablaba con ellos y les hacía saber que no estaba solo y que alguien me defendería».
Hasta 2006, los sindicalistas petroleros manejaron 60% de los ingresos a las contratistas del sector, según lo disponía la cláusula 69 del contrato colectivo. Pero desde ese año la situación cambió debido a la denuncia de irregularidades en la asignación de trabajo. Desde entonces se creó el Sisdem, el cual ha recibido críticas por los desempleados, mientras que los sindicatos de bases eran despojados de su legalidad por parte de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).
El secretario general de la Futpv, José Bodas, afirma que en ese momento el norte de Anzoátegui se encontró con una disminución del empleo petrolero y de la construcción, debido a la conclusión de los proyectos asociados a los mejoradores de la Faja del Orinoco. Paralelamente, opina Bodas, sucedió la proliferación de diferentes sindicatos, porque el mismo partido de gobierno (MVR entonces, Psuv hoy) los promovía para tratar de lograr el dominio del sector obrero.
De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, en 1999 existían 208 organizaciones sindicales inscritas; en 2008, el número se elevó a 4.646.
Rodríguez recuerda que en 2006 y 2007 se crearon los frentes o bloques de trabajo, con los cuales los consejos comunales pasan a exigir puestos en las obras que se ejecutan en sus comunidades.
Así, el panorama incluía entonces a los sindicatos tradicionales, las nuevas organizaciones, los frentes de trabajo y grupos que sin ninguna legalidad comenzarían a exigir puestos en las obras. Entre ellos, se colaron sujetos con prontuarios policiales y armados, quienes usaron la fuerza para imponer su ley.
La matazón
Para el sector construcción, la situación varía un poco. A diferencia del sector petrolero, los sindicalistas sí mantienen el dominio de 75% de los ingresos a las obras según el artículo 65 del contrato colectivo. También se reservan las delegaciones laborales y de seguridad, higiene y ambiente.
En ese sector, un puesto de trabajo puede costar hasta Bs 1.500, afirma el secretario general del Sindicato Único de Obreros Profesionales de la Industria de la Construcción (Suopicvcsea), Miguel Quirot, uno de las dos organizaciones gremiales legalmente constituidas en la entidad.
«Si son 10 cupos, el supuesto sindicalista se queda con Bs 15.000. Esta es la verdadera razón de la matazón», expone Quirot antes de aclarar que en la zona de Lechería, donde opera su organización, en ocho años no ha ocurrido ningún homicidio en la caza de los cupos de empleos debido a que ese 75% lo reparten en partes iguales entre los que hacen cola en el portón, las comunidades y el sindicato. Sin embargo, prefiere no salir de su zona por temor a otros sindicalistas.
«Estos sujetos -los sindicalistas o quienes se hacen pasar por ellos- tratan de negociar un porcentaje de 10% a 20% semanal con las personas a quienes les encuentran trabajo o logran que los contratistas les paguen a ellos como supervisores de las obras», afirma el comisario Jairo Deonice, director de la Policía de Sotillo.
Un acuerdo como ese puede llegar a representar cerca de BsF 2.000 sin trabajar, debido a las cláusulas del Contrato Colectivo de la Construcción. «Eso es más negocio que atracar blindados», asevera Gregorio Rodríguez.
La reacción
El 1° de agosto de 2010, el presidente Hugo Chávez, en «Las Líneas de Chávez» escribió: «En Venezuela no tenemos sindicalistas asesinados», comparando la situación del país con la colombiana. La organización de derechos humanos Provea le respondió publicando una lista de 65 víctimas entre junio de 2008 y marzo de 2010, entre quienes figuran dirigentes laborales de la Mitsubishi en Anzoátegui. Entre octubre de 2007 y septiembre de 2011, Provea contabilizó 179 personas fallecidas en la guerra de empleos
Bodas considera que la situación responde a la falta de acción del Estado, que ha permitido la impunidad. «Todo esto es parte de la descomposición social y de que no existe una central obrera fuerte que permita vencer el miedo y enfrentar la política de Estado de destrucción de los sindicatos», alerta para justificar el silencio de las organizaciones obreras.
Luego de los nueve asesinatos en el norte de Anzoátegui, las autoridades encendieron la alarma. Desde el lunes 30 de enero, se reunió la comisión mixta conformada por GN, Cicpc, Sebin, Fiscalía Superior, Circuito Judicial, Defensoría del Pueblo, Inspectoría del Trabajo y policías municipales.
En dos semanas han logrado la detención de un hombre en una obra en Barcelona portando un arma de fuego; y de otro en Güiria (Suc) que usaba un revólver, una pistola, una escopeta y un fusil para extorsionar a las empresas de la zona.
El comandante del Core 7 asegura que desde la activación de la comisión se ha observado un incremento de las denuncias, lo cual les está permitiendo entender el esquema que emplean esos grupos.
El general Bucarito resalta que ya tienen nombres e identificaciones de los presuntos responsables, pero se abstiene de revelarlos hasta tanto la Fiscalía lo autorice.
Mientras las autoridades actúan, en las calles de Barcelona y Puerto La Cruz corre la brisa marina y frente a los portones de las obras forma doble fila el miedo a no encontrar empleo o a morir en medio de una guerra a la que no se le encuentra fecha de caducidad. (César Batiz, Últimas Noticias, 16.02.12)
