Tres trabajadores de Sidor, Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada, pasarán navidades en los calabazos del SEBIN en Maturín, estado Monagas, luego que el pasado 10.12.2014, Día Mundial de los Derechos Humanos, la Jueza Miguelina Maneiro ratificara la medida privativa de libertad en su contra y ordenó el pase a juicio.
Los tres sidoristas, vinculados al equipo de trabajo del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), fueron detenidos el pasado 19.09.2014 por parte de efectivos del SEBIN en Puerto Ordaz.
El artículo 97 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a la huelga. Sin embargo, no son pocos los obstáculos y restricciones que se han construido para impedir su ejercicio. Desde la aprobación en 2002 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que creó las llamadas zonas de seguridad, se han promulgado un conjunto de leyes que limitan el ejercicio de este derecho constitucional. La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, entre otras, castigan la realización de huelgas y reuniones públicas en empresas del Estado.
Amparándose en dichas normas distintos Tribunales del país han “prohibido” e incluso penalizado a quienes ejercen este legítimo y constitucional derecho.
A pesar de que el Presidente Nicolás Maduro proviene del mundo sindical, ha continuado y acelerado la militarización del país consolidando formas autoritarias para ejercer la acción de gobierno, privilegiando la represión y la criminalización por encima del diálogo y el entendimiento con los distintos sectores de la sociedad que expresan sus legítimas demandas.
Para el gobierno cualquier protesta es considerada un atentado a la seguridad del Estado y ello implica que en lugar de brindar una salida democrática al conflicto, se utiliza la fuerza del Estado para intentar intimidar a los trabajadores. El derecho a la huelga sigue siendo criminalizado en el país y el Gobierno Nacional sigue sin atender los reclamos de las y los trabajadores.
Desde el arresto de estos sidoristas, sus familiares dejaron de percibir el ingreso que éstos aportaban a sus hogares. Lamentablemente, las agresiones contra el movimiento sindical y la criminalización del derecho constitucional a la huelga, privarán a estos trabajadores de pasar las fiestas navidades en compañía de sus seres queridos.
Este vídeo, realizado por el equipo de El Pitazo Tv, relata los momentos vividos por familiares y compañeros de los trabajadores detenidos el día de la celebración de la audiencia preliminar el 10.12.2014 ante el Tribunal Primero de Control de Puerto Ordaz. (Prensa Provea, 17.12.2014)
Escucha a Yuribi Quijada, hermana y abogada defensora de Leinys Quijada, una de las trabajadoras detenidas:
