Este viernes 06.12.13 fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el Estado Bolívar, el capitán pemon Alberto Moreno quien junto a otros líderes de distintas comunidades indígenas de esa entidad, desarmaron a funcionarios militares en 2011 y 2012, debido a los constantes atropellos y a la participación de efectivos castrenses en la minería ilegal.
Según denunció Alexis Romero, líder indígena pemon, Alberto Moreno se encuentra recluido en la sede de la 5ta División del Ejército, y se espera que en las próximas horas sea trasladado a la cárcel de La Pica, lo que los hace temer por la vida y la integridad de este líder.
Moreno, forma parte de un grupo de 6 capitanes indígenas que están siendo procesados judicialmente, luego de la primera acción de desarme y retención de 27 efectivos militares en la población de La Paragua en Bolívar, realizada en 2011. Los indígenas de la etnia pemón enjuiciados por este caso son: Norberto Pinto, capitán de la comunidad Kurun Pupai; Joel Yépez; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; Ramón Mujica, de Karunken; Alberto Moreno, de la comunidad indígena de Santa Teresa y Alexis Romero, ex capitán de la comunidad Musukpa.
Las comunidades indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones los atropellos realizados por militares en el marco de la activación del Plan Caura. Aseguran que los uniformados reprimen y criminalizan a los indígenas para “apoderarse de los recursos auríferos”. Romero afirma: “los propios Generales se han beneficiado con los cobros de vacuna (…), quien está al frente del Plan Caura, es el que está detrás de las mafias mineras”.
Romero destaca que la detención de Alberto Moreno, obedece a una “venganza personal” de los militares contra los líderes pemones, debido a que no han tenido miedo de enfrentarlos y denunciarlos.
Provea rechaza la detención de Alberto Moreno y exige el respeto a su integridad personal y el cese a la persecución contra este y todos los líderes indígenas, que están siendo injustamente procesados.
Hemos advertido que el creciente proceso de criminalización de las luchas y la militarización frente a la conflictividad social, no solo atenta contra derechos consagrados en la Constitución Nacional, sino que apunta a un ascenso de la represión contra luchadores sociales.
Los crecientes rasgos autoritarios presentes en la actual gestión de gobierno, indican un progresivo acercamiento de la élite gobernante a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada por las dictaduras del Cono Sur para perseguir a luchadores y disidentes, y cuyo concepto central es la idea del “enemigo externo e interno”, al cual hay que “perseguir y eliminar”. (Prensa Provea, 07.12.13)
Escucha las declaraciones de Alexis Romero:
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