El 6-D los venezolanos emitieron un claro mensaje: el camino electoral, pacífico y constitucional es el único posible para superar nuestros problemas. El 6-D los pronósticos adversos cedieron ante la contundente vocación democrática de todas y todos los electores que, independientemente de su escogencia, trazaron una ruta que ahora debe ser transitada por la dirigencia política: el diálogo, indispensable vía para fortalecer la democracia, generar soluciones en paz y garantizar el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas y todos.
El país habló: las confrontaciones estériles, el autoritarismo y la ineficiencia en la gestión pública nos afectan a todos -sobre todo a los más pobres- e impiden que se materialicen los derechos consagrados en la Constitución Nacional y la legislación vigente, debilitando la institucionalidad democrática y el estado de derecho. La polarización política invisibiliza los verdaderos problemas de la gente y cierra los espacios para que las coincidencias y los esfuerzos comunes puedan encontrarse más allá de las diferencias.
Nos preocupa que a más de un mes de realizadas las elecciones parlamentarias y luego de instalada la nueva Asamblea Nacional, pareciera que la mayoría de la dirigencia política del país no ha entendido aún el claro mensaje que envió el electorado venezolano. Venezuela avanza hacía la profundización de la crisis económica que ya golpea el ingreso y deteriora la calidad de vida de las y los trabajadores, y hacía una escalada en la crisis política que pudiera tener graves consecuencias para la paz y estabilidad democrática, afectando con ello a toda la población. Lamentamos que, hasta ahora, los actores políticos que tienen la posibilidad de abrir espacios para el diálogo y el entendimiento, no hayan asumido su responsabilidad y en vez de hablarle al país sólo le han hablado a las «barras», alentando con ello la polarización y la estéril confrontación política. Ni el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ni el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, han emitido mensajes claros que indiquen su intención de avanzar en un proceso de diálogo para propiciar el consenso y la superación de los graves problemas que aquejan a los venezolanos, por el contrario, desde el pasado 6-D, ambos funcionarios han contribuido con sus mensajes y acciones a escalar la conflictividad política. El Ejecutivo Nacional debe respetar la voluntad popular expresada el 6-D y no entorpecer la labor legislativa y contralora del Parlamento, por su parte, los diputados de la Asamblea Nacional deben cumplir el mandato que le impone la Constitución Nacional asumiendo una gestión que debe caracterizarse por la superación de la impronta autoritaria que dejó la anterior mayoría parlamentaria, actuando sin revanchismos y respetando el principio de progresividad de los derechos humanos. Tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional, tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo para dar respuestas a las urgentes demandas del pueblo venezolano.
Entendemos las dificultades para avanzar en un proceso de diálogo, y tal como lo expresamos en una comunicación conjunta enviada por 24 ONG de derechos humanos del país a la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), debido al clima de tensión y confrontación política, es necesaria la instalación de una misión permanente de observación internacional en el país conformada por estos organismos, para que contribuyan a la generación de espacios para el entendimiento y que se allane el camino para superar la crisis económica, política y social, disminuir las tensiones y fortalecer la institucionalidad democrática y el estado de derecho.
El país demanda diálogo, y ese diálogo sólo será posible y exitoso si la dirigencia política promueve un lenguaje de respeto y tolerancia que permita reconocer la legitimidad de las distintas identidades políticas y si se parte de la más amplia inclusión para el acuerdo de políticas y medidas que brinden garantías plenas a los derechos humanos. Debe convocarse a todos los sectores de la vida nacional, sindicatos, gremios, empresarios, academia, ONG, consejos comunales, iglesia, entre otros, para avanzar en la búsqueda de consenso que permita fortalecer la democracia, generar soluciones a la crisis y superar las diferencias en paz. Provea exhorta a los actores políticos a no desperdiciar la oportunidad de brindar respuestas a los problemas de la gente. Reiteramos nuestra disposición a contribuir con ello y a sumar esfuerzos para detener a tiempo posibles escenarios de mayor confrontación que tendrán consecuencias impredecibles.
Es tiempo de hablarle al país y detener las arengas a las «barras». No más lío, diálogo.
