En Venezuela los periodistas tienen muy poco para celebrar en su día. Además de la escasez de alimentos y medicinas, la inflación, el desabastecimiento, las colas, las fallas del sistema de salud y la inseguridad, entre decenas de carencias que hoy definen al país; los comunicadores sociales tienen su calvario particular: dificultad para acceder a la información, limitación para difundirla y criminalización de su ejercicio profesional.
No es la primera vez que un gobierno le pone trabas a los periodistas. Marcos Ruiz, secretario general del SNTP, y reportero de Últimas Noticias en la sección Política desde hace 16 años, comenta que cada época ha tenido sus dificultades en la búsqueda de la verdad, pues el poder siempre busca torpedear el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, aclara que los mecanismos de censura ahora son distintos. Si bien no hay nadie sentado al lado del reportero indicándole qué puede publicarse y qué no, como se asegura ocurrió en el pasado. Ahora la presión ocurre a través de nuevas vías: cierre y compra de medios, otorgamiento de pauta publicitaria a organismos públicos, concesiones de papel de acuerdo a la línea editorial que le es favorable, más las intimidaciones y agresiones contra los comunicadores a través de los propios organismos de seguridad del Estado.
“Aquí se respetaba el derecho a guardar el secreto a las fuentes. No se agredía como ahora al reportero. Este sometimiento y la persecución judicial que ahora sufren los colegas, configura el mayor estado de vulnerabilidad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que ha sufrido Venezuela en su historia contemporánea”, subraya Ruiz.
Explica que a los periodistas se les estaría violando, de entrada, al menos los artículos 28 y 48 de la Carta Magna. El primero contempla el derecho a acceder a la información y los datos que sobre sí mismo o sobre sus bienes conste en registros oficiales o privados; así como también a revisar documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea valioso para la comunidad. En este mismo aparte se enfatiza que queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística. Mientras que en el artículo 48 se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y estas no podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente.
Ruiz responde a quienes creen que solo hay verdadero peligro o riesgo en un país cuando se asesinan a los periodistas. Aclara que si bien no existe esa lamentable experiencia, diariamente sí se registran agresiones para inhibir su trabajo respecto al debate público. Las amenazas ahora son veladas.
“Aquí irrespetan incluso el derecho al trabajo cuando no te permiten ingresar a una pauta, cuando te despiden sin que medie un proceso a la defensa, cuando te insultan en televisión y ponen en riesgo tu estabilidad y la de tu familia, cuando te roban o destruyen tus equipos de trabajo para eliminar la evidencia de la mala actuación de los organismos de seguridad del estado, o de la presencia de civiles armados. Se trata de agresiones cotidianas contra los periodistas. Llevamos al menos 70 registradas en lo que va de año y la mayoría de ellas son físicas”, explica Ruiz quien rechaza la impunidad frente a todos estos casos, al asegurar que durante su gestión frente al SNTP ninguno de los documentados ante el Ministerio Público han pasado de la fase preliminar de investigación.
“En el año 2009 me cayeron a palos en la avenida Urdaneta, y yo creo que ha sido el hecho más fuerte registrado contra los periodistas, salvo el que ocurrió a inicios de junio de este año en ese mismo lugar. Esa agresión quedó perfectamente documentada y fue tan así que movilizó a medio país en una marcha. Yo pensé que nadie podía hacerse el loco con el tema, pero no resultó así. Ni una sola persona fue condenada, las investigaciones fueron anuladas y el caso se mandó a engavetar” añade Ruiz quien cree que urge que los periodistas se organicen y apoyen entre sí ante los retos que vendrán, pues no descarta que ante la realidad de incomodar al poder, con información útil a la comunidad, se incremente la presión contra los periodistas y medios que aún resistan.
– Desamparada por video del pistolero –
Luego de que el periodista del portal web La Patilla, Román Camacho, declarara el jueves 23 de junio en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, por el video de Juan Oliveros García, joven abatido por personal de seguridad del BCV, que difundió en su cuenta de twitter; Yosselyn Torres recibió una llamada de la policía política.
Eran las 9:30 de la mañana del día viernes 24 de junio y nunca olvidará la fecha pues una de las personas que la interrogó en la sede de El Helicoide, dijo que ese era el día de su santo: San Juan Bautista.
Con 35 años de edad y 11 de ejercicio, Torres cubre la fuente de política en el portal digital El Pitazo, después de pasar por las redacciones de El Carabobeño, Notitarde y Tal Cual. Piensa que las cosas están muy mal en un país cuando la noticia la constituye el propio periodista.
Aunque ella no fue quien publicó el video en las redes, igual tuvo que presentarse en la sede de la policía política donde estuvo al menos cuatro horas en una oficina sin la presencia de su abogado.
“Entendí que el tema era delicado y por eso en El Pitazo decidimos confirmar la fuente antes de difundirlo. Pedí que me permitieran ingresar con mi abogado y me dijeron que esos formalismos solo se cumplen en el Ministerio Público. De 1.500 maneras distintas me preguntaron el origen de la información y gracias a Dios pude salir adelante. No hablé de más. Sin embargo, ahora estoy preocupada por mi familia pues ellos tienen los datos de mi casa”, comentó Torres quien ahora responde con mucha cautela cuando repica su celular.
Dice que hace tres días le leyeron el artículo 49 de la Constitución Nacional por teléfono. Paradójicamente este remite al debido proceso. También le hicieron referencia al 212 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual estipula que si el testigo no se presenta a la primera citación, se le hará comparecer por medio de la fuerza pública; y si después de asistir se negase a declarar sin derecho a hacerlo, se comunicará esta situación al Ministerio Público para que proceda a realizar la investigación.
Torres da a entender que allí se hubiese sentido al menos más segura. Relata que en El Helicoide fue conducida a través de un pasillo oscuro a una oficina cerrada de ventanales, en mal estado, y sin adorno alguno, ni siquiera las típicas fotos de los organismos públicos del ex presidente Chávez o de Maduro.
“Fue tenebroso. Eran siete funcionarios en un mismo lugar y solo uno de ellos se identificó: Ronald Navarro, quien dijo ser subinspector del Sebin. De resto ninguno era llamado por su nombre ni portaba credenciales. Salvo uno que comentó que el viernes era su día, por eso infiero que se llamaba Juan”, recuerda la joven reportera quien confiesa que luego de dos horas de interrogatorio les advirtió a los policías que le dieran algo de comer, pues si no se desmayaría del hambre.
Desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, cuando arribó al lugar, no había probado bocado alguno y en medio del susto, la presión y la indefinición respecto a su destino, pues pasó dos horas más en la sede del Sebin después de terminar la particular entrevista, empezó a sentir una especie de claustrofobia.
“Imagínate estar rodeada de siete personas que te preguntan una y otra vez lo mismo, conversan entre sí, salen y entran del espacio y encima me dicen que la declaración no les gustaba, que yo tenía que dar mis fuentes, y que mi salida de allí al final la decidía el Ministro de Interior y Justicia. Ahí sí les dije que si no me daban algo de comer moriría de hambre. Entonces me llevaron jugo de naranja y una compota. Creo que era de manzana”, recuerda Torres.
En un país donde constantemente suceden cosas inverosímiles cuesta imaginar a la policía política comer compotas. Sin embargo, este detalle humanitario frente a la reportera no hace que disminuya su temor frente a la justicia venezolana.
“Me siento desamparada. No me han llamado del CNP ni del Ministerio Público. No confío en las instituciones ni en el Estado. Realmente no sé cómo van las investigaciones respecto a esta caso. Creo que los familiares del joven están detenidos, así que presumo que ni siquiera su cuerpo ha sido enterrado. A mí solo me ha ayudado y acompañado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Oswaldo Cali, de la ONG Espacio Público. No sé a qué atenerme, solo sé que me matan las injusticias y que no puedo ver cómo atropellan a los otros. Ahora soy yo la que me siento atropellada porque ni siquiera sé en qué me pueden incriminar. Mi mamá me dice que le baje dos, que no sea tan intensa, pero este es mi carácter. Ella sabe que pase lo que pase siempre seré periodista. Moriré con esa condición. Y si por equis razón no puedo seguir ejerciendo, siempre informaré sobre lo que está pasando en el país. De alguna forma lo haré”, enfatiza.
– Llora pero jamás claudica –
No se le siente en la redacción de El Nacional. Nada de estruendos, risas, ni chistes. Es una de las pocas periodistas que mientras todos los demás almuerzan y hacen la sobre mesa relatando lo que vieron en la calle ese día, ella está escribiendo y revisando los apuntes que tiene en su minúscula libreta.
Los más jóvenes la llaman Señora Sandra, y quienes han compartido con ella al menos 25 años en el mismo diario pueden atreverse a decirle “Guerrerito”, pero hasta allí, la señora no da oportunidad para que se le metan al rancho, como dicen los colombianos. La periodista de Sucesos Sandra Guerrero va es a trabajar y hoy, cuando se celebra el oficio más bello del mundo como decía Gabo, ella solo les recuerda a quienes están comenzando que siempre ha sido difícil conseguir información y que ahora puede que no se consiga comida pero que las noticias jamás faltarán.
“Con 43 años de ejercicio profesional puedo decirte que siempre ha habido obstáculos, y siempre hay alguien que no quiere hablar, pero jamás como en este momento, cuando no hay fuentes de información y además no se resuelven los casos”, asegura quien comenzó como corresponsal del diario 2001 en Vargas y también fue reportera de RCTV. Allí no solo divulgaba las noticias, también hizo trabajos especiales sobre resolución científica de los casos, basados en toda la inducción que recuerda haber recibido de expertos forenses en retratos hablados, balística y antropología fotográfica.
Ella fue la primera periodista que entrevistó al ex distinguido de la Policía Metropolitana Argenis Ledezma, llamado el “Monstruo de Mamera”, quien fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de tres menores de edad. “La primera entrevista que él dio se la hice yo. Dijo que era inocente. Como si su hubiese aprendido una lección. Después de llevar trece meses negando su participación, un día decidió confesar”, rememora Guerrero quien ganó un Premio Nacional de Periodismo, junto a Alexis Rosas, gracias a sus investigaciones para informar sobre este triple crimen, adelantándose incluso a policías, fiscales y jueces.
Con ese bagaje en el oficio y la templanza que incluso talla su rostro, Guerrero afirma que escogió esta profesión y que no la abandonará por más restricciones y dificultades que le toque vivir durante este gobierno, el cual ha bloqueado todos los accesos posibles a la fuente.
“No podemos echarnos a morir. No hay duda de que esto no será eterno. Si en el pasado hemos obtenido la información, tenemos que seguir trabajando por ella. Siempre habrá quien hable, siempre habrá quien diga algo. La gente cree que he perdido la sensibilidad, pero cuando veo a un padre que se le desaparece su hijo, puedo llorar. Hay gente que no aguanta. Es muy duro y te afecta, pero el tiempo que llevamos en esto nos da fuerzas para seguir trabajando y demostrar que se trata de nuestro camino. No podemos amilanarnos y claudicar”, reflexiona la periodista quien les recuerda a los más jóvenes que deben seguir adelante en todo y que si bien no tienen el poder para revivir a quien ha sido asesinado, por lo menos sí deben trabajar para que se esclarezcan los hechos y haya justicia.
