Las organizaciones integrantes del Foro Por la Vida, coalición dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, expresamos nuestra más profunda preocupación respecto a las declaraciones emitidas por la ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en las que formuló graves acusaciones sin sustento probatorio alguno en contra del defensor de Derechos Humanos, Carlos Nieto Palma, coordinador de la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana A la Libertad.
Estas declaraciones de Varela se emitieron durante la celebración del III Festival de la Voz Penitenciaria en la ciudad de Caracas, donde se le preguntó a la ministra sobre una declaración pública formulada en días pasados por el abogado Nieto Palma en la que se denunciaba la carencia de alimentos que sufre la población reclusa; la respuesta de la funcionaria fue: “Resulta que yo por allí tengo un video, precisamente las personas que le entregaron el videíto a un señor de una tal ONG… Vamos a tomar acciones legales. No podemos seguir permitiendo de brazos cruzados que sigan atacando un esfuerzo enorme que ha hecho el Ministerio para transformar la realidad penitenciaria que se vivía en el país”.
Las declaraciones de la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios constituyen una amenaza explícita de criminalización de las actividades desarrolladas por Nieto Palma y por la ONG Una Ventana A la Libertad.
Estas afirmaciones se inscriben en un doble contexto. El primero, de desconocimiento del papel de los defensores de los Derechos Humanos por parte de las más altas autoridades de los poderes públicos, quienes a lo largo de los años han llevado a cabo un esfuerzo continuo por desconocer como interlocutores válidos a los defensores y a las ONG dedicadas a su promoción y defensa; y también se ha expresado en campañas destinadas a descalificar y criminalizar su trabajo, imputándoles supuestos actos de conspiración y de instigación de graves delitos, con amenazas veladas o abiertas de ser imputados, juzgados y condenados penalmente.
El segundo contexto, más particular, es el de la situación penitenciaria, la cual es de extrema gravedad debido al incumplimiento, por parte del Estado, de garantizar los Derechos Humanos de la población procesada y penada.
Las autoridades venezolanas han desarrollado estrategias de criminalización de los defensores de los Derechos Humanos que tienen como principal eje de actuación los privados de libertad, en este contexto particular Carlos Nieto Palma ha sido objeto de reiterados ataques a su honra y reputación por parte de autoridades del Estado Venezolano.
Las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes recordamos a las autoridades del Estado Venezolano sus obligaciones plasmadas tanto en el Derecho Interno como en el Derecho Internacional de respetar y garantizar los Derechos Humanos de los defensores; en particular hacemos el siguiente llamado a las autoridades del Estado:
1. Exhortamos al Estado a acatar y cumplir íntegramente las observaciones y recomendaciones formuladas por los sistemas de protección internacional de los Derechos Humanos Universal e Interamericano en el sentido de que respete y reconozca la labor desarrollada por las personas y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y el respeto de los Derechos Humanos.
2. De igual modo, las organizaciones que suscriben este pronunciamiento hacemos responsables a las autoridades del Estado Venezolano por la vida, la integridad física y moral y la libertad del abogado Carlos Nieto Palma.
Por último, reiteramos que a pesar de la continua campaña de criminalización y desprestigio, y de las amenazas de uso de la legislación penal para coartar y penalizar el ejercicio de las actividades de promoción y defensa de los Derechos Humanos, los defensores y las organizaciones no gubernamentales sostenemos la exigencia de respeto y de diálogo respetuoso, en el marco del debate democrático y de respeto íntegro al Derecho Internacional de los Derechos Humanos contenido en todos y cada uno de sus instrumentos.
