Con el propósito de mostrar la visión de periodistas de larga trayectoria en el área de sucesos, el 4 de agosto de 2016, en los espacios de Foro XXI, el Observatorio Venezolano de Prisiones realizó el foro «Los retos de informar en el 2do país más violento del mundo».
El evento fue moderado por el Presidente de Acción Solidaria y Civilis, Feliciano Reyna, y contó con la participación de los periodistas: Gustavo Gómez Morón (Unión Radio), Yohana Marra (Crónica Uno), Sandra Guerrero (El Nacional), Luis Carlos Díaz (Unión Radio), Edgar López (El Nacional) y Ronna Rísquez (Runrunes). Desde sus experiencias, todos estos profesionales de la comunicación no sólo narraron lo que significa contar las historias crudas desde el periodismo de sucesos en tiempos de censura y desinformación, sino también dieron una visión general del costo social de la crisis carcelaria.
En este sentido, Gustavo Gómez hizo un recorrido histórico para dar cuenta del deterioro del acceso a la información que se ha venido implantando como política del gobierno. «En 2003 se cerró la oficina de prensa de la policía científica por orden de sus autoridades; en 2004 se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, quedando a discreción del gobierno conceptos subjetivos expuestos en la misma; a partir de 2004, los jefes de las subdelegaciones del Cicpc comenzaron a cerrar las puertas a los periodistas». Asimismo, Gómez resaltó la ausencia de cifras oficiales. «Venezuela no tiene ningún tipo de cifras macroeconómicas. En 2015 estuvimos 9 meses sin saber cifras de inflación… Tampoco tenemos cifras epidemiológicas, mucho menos de criminalidad».
Por su parte, Yohana Marra relató su experiencia en la cobertura del motín de El Rodeo en 2011. Con esta ponencia nuevamente se pone de manifiesto la preocupación por el cerco informativo que viene imponiéndose desde el gobierno del fallecido Hugo Chávez hasta el actual del Nicolás Maduro. «Los familiares se han convertido en la fuente oficial de las noticias de sucesos», explicó la periodista.
Luego de un receso, tomó la palabra Edgar López para abordar el tema de los Derechos Humanos de los privados de libertad, haciendo énfasis en la importancia de reconocerles ante todo, independientemente de los delitos cometidos, su condición como persona. «Hay que distinguir entre venganza y Justicia». En el marco de su argumento, López expuso las novedades de las Reglas Mandela, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, vigente desde 1955, y exhortó a sus colegas a revisarlas. «Con las reglas Mandela tenemos 122 trabajos periodísticos por hacer».
Seguidamente, Luis Carlos Díaz, puso en la mesa las discusiones éticas que se han venido dando alrededor de la difusión de videos e imágenes con contenido violento, razón por la cual el pasado mes de junio, el TSJ mediante sentencia, prohibió a dos medios digitales difundir videos de linchamiento. Díaz explicó que el uso que el ciudadano haga de sus redes es legítimo y comprensible dentro de la lógica digital, sobre todo en un país con los niveles de desinformación tan altos como el caso de Venezuela. «La gente comparte en redes información violenta porque puede hacerlo, pero también porque la misma situación de censura lo motiva». A esto, el periodista agrega que se debe diferenciar el oficio periodístico de la figura del infociudadano. «Las diferencias entre el ciudadano que informa y el periodista, son la metodología y la periodicidad. Siendo así, los medios son los que tienen la responsabilidad de investigar los hechos, y abrir espacios para acompañar al infociudadano», explicó.
La última ponente fue la jefa de investigación de Runrunes, Rona Rísquez, quien mostró cómo la cultura carcelaria trascendía los barrotes para impregnar las dinámicas de la vida social en general: los barrios, el crimen organizado, incluso el gobierno parecen usar los mismos códigos y prácticas de las cárceles. «La situación carcelaria de Venezuela está generando toda una industria cultural alrededor que hay que mirar con detenimiento», afirmó Rísquez para dar cuenta, por ejemplo, de que el control territorial en los barrios se maneja igual que en las cárceles; que las ejecuciones extrajudiciales que ha asumido el gobierno como política (recordó los casos de Uribana, Vista Hermosa, y OLP) son de la misma naturaleza que la de los centros penitenciarios, donde la justicia es asumida por algunos al margen de la Constitución y en detrimento de los Derechos Humanos. «No respetan las leyes, tienen sus propias leyes», indicó. Por último, resaltó la necesidad social de que el periodista haga seguimiento a los casos de violaciones de Derechos Humanos, denuncie y exija justicia, a la par de reflexionar sobre lo que quiere lograr con la publicación de información violenta porque «tiene consecuencias lo que digamos y no digamos», sobre todo cuando se hace periodismo en el segundo país más violento del mundo.
Para finalizar, el moderador Feliciano Reyna condenó la impunidad como eje transversal de los problemas carcelarios y aseguró que quien debe responder por la crisis penitenciaria del país es el Estado.
