Cuando todavía estábamos bajo el impacto de problemas que se agudizaron a fines de 2009, como el fraude de la banca boliburguesa o los múltiples desbarajustes en los servicios públicos, las recientes decisiones gubernamentales señalan un amargo comienzo del año 2010 para Venezuela. Primero, con una abultada devaluación, apta para incrementar la inflación y sumir en la miseria a un gran sector de la población. Luego, el anuncio de racionamiento eléctrico para la Gran Caracas, tal como venía ocurriendo de facto en el resto del país, medida que fue suspendida por el ruido de conflictividad que generó, pero pendiente en su aplicación cuando las condiciones lo permitan. Comencemos entonces por una breve caracterización de esas señales de la crisis actual.
– El fraude bancario boliburgués: en el último decenio, el sector financiero vivió en continua bonanza gracias al generoso subsidio del Estado con su política monetaria tradicional que no ha hecho más que beneficiarle. Es por ello que allí se concentró la rapacidad especuladora de la boliburguesía (los Fernández Berrueco, Zambrano, Arné Chacón, Pedro Torres Ciliberto y el gang acompañante), efectuando un descarado saqueo para el cual contaron con público y notorio apoyo de los entes oficiales supervisores, como Sudeban y la Comisión Nacional de Valores, de manera que no hubo nada que envidiarle a Caldera y la crisis financiera de los noventa y los demás casos de especulación y estafa bancaria del pasado.
– La macro-devaluación: Se trata de una medida tomada por exigencias del Fondo Monetario Internacional quien públicamente la aplaudió. Es parte de la clásica receta neoliberal prescrita por esa entidad tras dar un préstamo al Estado venezolano en 2009. La devaluación incide, a través de la inflación, en favorecer al sector financiero y transnacional y disminuye inevitablemente el salario real de los trabajadores. El presidente anunció, como paliativo, un aumento del salario mínimo en un 10% para el 1º de marzo y un 15% restante para el 1º de septiembre. Sin embargo, esta decisión es irrisoria y termina de derrumbar la mentira de que nuestro salario mínimo es el más alto de América Latina, al considerar que pierde el 62,3 % con la caída del Bolívar, debido a que el 55% de los bienes y servicios son adquiridos con el llamado dólar petrolero (el Bolívar a 4,30 por la divisa americana).
La excusa oficial es que se haría más competitiva la economía nacional y así se supera el esquema rentista. Semejante disparate sólo puede ser afirmado por un criterio capitalista salvaje. Para despistar se ha armado un espectáculo mediático con Indepabis y demás entidades supervisoras del consumo para hacer creer que se trata de una espiral especulativa y no inflacionaria. Igualmente ciertos sectores empresariales aceptan la devaluación pero sostienen su extemporaneidad por retardo y haberse acumulado. La oposición socialdemócrata y de derecha se limita a apreciarla como un aumento de liquidez con fines electorales, lo cual es cierto pero omite la verdadera razón como es ser una condición impuesta a favor del Capital y el Estado. Hay otra circunstancia perniciosa a considerar. Se trata de la manipulación cambiaria en Cadivi donde han acontecido distintos casos de corrupción como por ejemplo el de Micro Star en el cual resultaron involucrados Eligio Cedeño y Gustavo Arráez, miembros de la boliburguesía. Los fraudes en este segmento no hacen sino continuar con la trayectoria de la democracia clientelar, porque es la herencia del tristemente recordado Recadi de la década del 80.
El problema eléctrico: La crisis de electricidad surge como secuela de la carencia de mantenimiento de las instalaciones de producción y distribución, pero además por la ausencia de inversión en las 29 plantas termoeléctricas requeridas para afrontar el aumento del servicio, de las cuales se han terminado 5 y sólo operan 3 con parte de su capacidad. Asimismo, se ha abandonado Planta Centro y nunca se construyeron las 4 represas del Alto Caroní. Lo referido a esta materia ha sido pasto de corrupción y holgazanería, pero el gobierno pretende justificarse con el fenómeno meteorológico de El Niño, tesis desmentida rotundamente por las opiniones de especialistas. Mientras tanto, el país padece al sacrificio de apagones de duración incierta (salvo la Gran Caracas por ahora), improvisados cronogramas de suspensión, daños irreparables a los artefactos eléctricos, paralización de otros servicios (de salud, educativos, telecomunicaciones, etc.) y pérdidas humanas generadas por la negligencia del Estado.
¡El capitalismo desarrollista, extractivo y rentista ha fracasado!
Lo que sucede es una demostración rotunda de la inutilidad del modelo impuesto después del 23 de enero de 1958, aplicado también por la actual gestión de gobierno pese a su supuesto objetivo de “romper con las orientaciones del puntofijismo”. El Estado ha privilegiado la exportación de la fuente energética fósil, pues hemos dependido radicalmente del petróleo siguiendo las directrices de la mundialización de la economía. De cada 100 dólares exportados el pasado año, 93 provinieron de los hidrocarburos. PDVSA se ha convertido en un centro de acopio financiero con una producción reducida y lo más grave, comprometida parcialmente por las inmensas deudas contraídas. La extracción del carbón en el Zulia continúa a pesar de representar un desastre ambiental y es una agresión a las etnias Wayuu, Barí y Yukpa. La incorporación de Venezuela al I.I.R.S.A. (Integración de Infraestructura de la Región Sur Americana) es una prueba de la sumisión del chavismo a los dictados del poder mundial. Igualmente, el coqueteo permanente con Colombia sobre el Proyecto Mesoamérica, antes conocido como el Plan Puebla Panamá, para llevar el gas desde los dos países suramericanos al sur y oeste de los Estados Unidos a través de México y Centroamérica, también confirma el ánimo colaboracionista ante el gran capital internacional, y que en los hechos hay un grosero desinterés frente a la destrucción del planeta.
El sector productivo está en sus niveles más restringidos con el consiguiente desempleo, maquillado por cifras oficiales encubridoras de la flexibilidad laboral instrumentada por el Estado, que contrata trabajadores por escasos meses para dar imagen de una política generadora de empleo. La agricultura está en bancarrota pese a la estridencia sobre reparto de tierras, presunto desarrollo endógeno y autosuficiencia alimentaria proclamada por la propaganda oficial. Si a esas vicisitudes agregamos la inseguridad, la inflación, la carencia de vivienda, el deterioro de la salud pública y la privatización de la salud por la contratación inmensa de las pólizas privadas para el sector público, podemos concluir en la absoluta incapacidad del gobierno para resolver los más elementales problemas.
¡Ante el desastre, construir alternativas desde abajo!
La continuación de la democracia populista inaugurada a la caída de la dictadura perezjimenista en 1958 ha sido garantizada por Hugo Chávez, quien con un liderazgo carismático y mesiánico ha pretendido preservarla con una simbiosis de populismo, militarismo y estalinismo. Ante la decadencia de la experiencia adeca-copeyana iniciada con el viernes negro en 1984, continuada con el Caracazo en 1989 y las intentonas golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, la figura de un militar vino como anillo al dedo a los poderes establecidos, que se han valido de ella por más de una década, pero estimamos que ya este caudillismo a la medida comienza el descenso debido a su pésima gestión, trayendo la consiguiente pérdida de gobernabilidad. Como ocurrió con C.A. Pérez, sacrificado cuando hubo mengua de su liderazgo, puede suceder que los factores mundiales y nacionales de poder preparen su sucesión, como siempre lo han hecho en la historia nacional. Ciertamente eso no será fácil o sin conflictos, pues los partidos políticos y demás formas de agenciar el poder que ofrece la oposición socialdemócrata y de derecha sólo confrontan a Chávez desde el ángulo de asumir el dominio de Venezuela y el control de la renta petrolera, sin tener respuestas positivas a las carencias y demandas de las mayorías populares.
La alternativa ante tan difícil coyuntura ciertamente no pasa por entramparse de nuevo en el circo electoral que nos ofrecen para este año, sino que radica en desarrollar redes sociales y populares, en la autoorganización y la autonomía de los diferentes niveles de la sociedad, con objetivos y programas de lucha propios. Llamamos a organizar esas manifestaciones de genuina voluntad por la libertad e igualdad en solidaridad desde todos los espacios posibles, vale decir, desde las organizaciones independientes de base de trabajadores, mujeres, campesinado, aborígenes, jóvenes, del sector cultural y excluidos sociales en general, para la búsqueda de la emancipación de nuestra sociedad.
Colectivo Editor de El Libertario
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