Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas –formalmente a partir del 1° de enero de 2013– con el compromiso de fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo; sin embargo, en los últimos 5 años ha desacatado 55 recomendaciones formuladas desde Ginebra para garantizar las libertades y mejorar la calidad de vida en el país.
Examen Periódico Universal. Entre 2011 y 2012, más de 70 países que integran la ONU evaluaron la situación de los derechos humanos en Venezuela mediante el Examen Periódico Universal. El Gobierno acogió 97 recomendaciones y rechazó 38.
Entre las sugerencias aceptadas destacan la disposición a ratificar pactos internacionales, consolidar los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y hacer mayores esfuerzos para afrontar la inseguridad ciudadana y la crisis del sistema penitenciario.
Las observaciones en materia de libertad de expresión, independencia judicial y respeto al trabajo de las organizaciones de promoción y defensa de derechos humanos no prosperaron.
En el informe estatal se indica: “Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos internos”.
Detenciones arbitrarias
El caso de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni es el ejemplo más evidente de las relaciones entre el Estado venezolano y los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Fue encarcelada inmediatamente después de conceder la libertad al empresario Eligio Cedeño, precisamente sobre la base de un exhorto que en ese sentido formuló el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
El Estado ha desatendido las reiteradas peticiones de liberación de la jueza Afiuni y de los ex directivos bancarios Hernán Sifontes, Ernesto Rangel, Juan Carvallo, Miguel Osío y Marcos Siervo, formuladas por el referido grupo de trabajo. También hizo caso omiso de la recomendación de reparar los daños sufridos por el cacique yukpa Sabino Romero, quien lidera la lucha por las tierras de la sierra de Perijá.
Retiro de la CIDH
Desde la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también se ha llamado la atención al Estado venezolano.
Infructuosamente se emitieron dos comunicados (el 4 de mayo y el 11 de julio de 2012) para intentar persuadir al Gobierno de que desistiera de su intención de apartarse del sistema interamericano de derechos humanos. El 11 de septiembre, la alta comisionada Navi Pillay suscribió un tercer comunicado para lamentar la formalización de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Igualmente se han desacatado otros 6 exhortos: los de la Relatoría para la Independencia de Jueces, por el caso Afiuni y por el desacato de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los de la Relatoría para la Libertad de Expresión, por el cierre de 34 radioemisoras y las acciones judiciales contra el directivo de Globovisión Guillermo Zuloaga, y uno de la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos por el hostigamiento que afrontan en el país. (Edgar López, El Nacional, 14.11.12)
